Gas envasado: cuando la libertad de mercado amenaza la equidad social

El Gobierno de Javier Milei acaba de firmar un decreto que redefine el destino de millones de familias argentinas. Con la desregulación total del mercado de gas envasado, la administración libertaria decidió que el precio, la oferta y la demanda del GLP se regirán exclusivamente por la “mano invisible” del mercado. El Estado, a partir de ahora, se limitará a controlar cuestiones de seguridad, lavándose las manos en todo lo demás.

Por Por Jorge Ridicich*

A primera vista, la medida encaja a la perfección con el credo libertario que pregona el presidente: menos regulaciones, menos Estado, más libertad económica. Sin embargo, es imposible no preguntarse qué significa esto para un bien esencial que usan más de 3 millones de hogares en la Argentina, sobre todo en las zonas rurales y en barrios populares donde no existe conexión a la red de gas natural.

¿Realmente podemos dejar que la competencia privada regule algo tan crítico como el acceso a la energía básica? La historia argentina, y la historia mundial, demuestran que los mercados desregulados no siempre juegan a favor de los más vulnerables. En territorios de baja densidad poblacional, donde la logística eleva los costos, no hay “incentivo de mercado” que garantice la provisión constante y accesible. Allí, sencillamente, no es rentable para los privados llevar garrafas a un precio justo.

Al eliminar la capacidad del Estado para intervenir, la nueva norma deja a la intemperie a millones de personas que dependen del gas envasado para cocinar, calentar agua o calefaccionarse. Si la competencia falla —y suele fallar cuando hay alta concentración y baja rentabilidad—, ¿quién protegerá a esos sectores? ¿Quién se hará cargo si la garrafa se vuelve inalcanzable para un salario mínimo o desaparece de los almacenes de los pueblos del interior?

El decreto habla de “eficiencia”, de “modernización” y de “promover inversiones”, palabras bellas que seducen al oído, pero que resultan vacías cuando no se acompañan de mecanismos de protección para los más débiles. Porque la eficiencia no calienta los hogares humildes cuando la garrafa sube de precio un 200% y nadie interviene.

La libertad de mercado, sin contrapesos, no construye equidad. El Estado tiene el deber de garantizar condiciones mínimas de acceso a bienes esenciales. Renunciar a ese rol es, lisa y llanamente, abandonar a su suerte a quienes no pueden defenderse en un mercado implacable.

Quizás, en la visión de Milei, el Estado sea el villano de la historia. Pero para millones de argentinos, la garrafa subsidiada, el control de precios y la obligación de abastecer zonas remotas significaron, durante años, la diferencia entre cocinar o no cocinar, entre calefaccionarse o pasar frío.

Desregular no es malo por definición. Desregular sin red de contención, en un país con desigualdades tan profundas, es una apuesta temeraria que roza la irresponsabilidad. El mercado puede ser un aliado, pero no puede ser el único actor de un sistema energético que tiene un impacto tan directo en la dignidad de las personas.

El Gobierno podrá aplaudir la libertad conquistada. Pero cuidado: la libertad de mercado no puede ser excusa para dejar afuera, una vez más, a los que menos tienen.

*Especial para La Pluma