Francos en Diputados por el caso $LIBRA: El Gobierno se despega de responsabilidades

El caso $LIBRA tensiona al Gobierno en un momento en el que la credibilidad y la estabilidad del ecosistema cripto se entrecruzan con la comunicación presidencial. La jornada en Diputados deja en evidencia no solo la necesidad de esclarecer responsabilidades, sino también la urgencia de establecer límites más claros entre la figura del Presidente y los mercados digitales emergentes.

En una jornada marcada por la tensión institucional y la expectativa mediática, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentó este martes ante la Cámara de Diputados para ser interpelado en relación con el polémico caso de la criptomoneda $LIBRA, difundida en redes sociales por el presidente Javier Milei. La comparecencia, amparada en el artículo 71 de la Constitución Nacional, representa un hecho inédito en las últimas tres décadas, al activar formalmente el mecanismo de control parlamentario sobre el Ejecutivo.

La criptomoneda $LIBRA —respaldada informalmente por publicaciones de Milei— experimentó una súbita alza de valor tras su mención pública, seguida por un abrupto desplome que generó sospechas de manipulación del mercado y provocó reclamos de transparencia por parte de la oposición. Aunque el proyecto nunca fue oficialmente vinculado al Gobierno, el impacto de la promoción presidencial encendió las alarmas institucionales.

Durante su exposición, iniciada con dos horas de retraso, Francos adoptó una postura firme en defensa del mandatario. Aseguró que “el Presidente no mantuvo ni mantiene un vínculo con el proyecto ‘Viva la Libertad’ ni con la moneda $LIBRA” y negó cualquier coordinación oficial. “No existió relación de ninguna índole entre funcionarios del Gobierno y los promotores del emprendimiento”, afirmó, en un intento de desvincular al Estado de un fenómeno que rápidamente escaló a nivel político y judicial.

En su descargo, el jefe de Gabinete argumentó que las cuestiones vinculadas a $LIBRA “no versan sobre hechos o actos de gobierno” y que el Estado “no tuvo injerencia, compromiso ni beneficio alguno”. Enfatizó que muchas de las consultas formuladas por los legisladores son “ajenas al conocimiento del Poder Ejecutivo”, un deslinde que dejó más preguntas que certezas.

Otro eje de la defensa oficialista se centró en el rol de las comisiones investigadoras. Francos advirtió que estas “deben estar subordinadas a las competencias del Poder Legislativo” y no pueden “arrogarse atribuciones propias del Poder Judicial”, marcando límites claros a posibles avances institucionales que busquen judicializar el hecho.

En cuanto a la polémica publicación del Presidente en redes sociales, Francos explicó que fue realizada “sin coordinación con nadie” y que Milei decidió eliminarla para “evitar especulaciones” ante las repercusiones del caso. Asimismo, detalló que la adquisición de la criptomoneda implicaba “una secuencia de gestiones completamente inaccesibles a personas no familiarizadas con criptoactivos”, lo que a su entender desincentiva la idea de una promoción deliberada o fraudulenta.

La sesión, que podría extenderse por más de diez horas, fue cuidadosamente organizada con tiempos de intervención proporcionalmente distribuidos entre los bloques. Unión por la Patria, el principal espacio opositor, cuenta con 38 minutos de preguntas, seguido por Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda.

Aunque los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Luis Caputo (Economía) fueron citados, ambos evitaron presentarse y enviaron notas justificando su ausencia. También fue convocado el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, cuya participación aún no ha sido confirmada. La sesión había sido previamente suspendida por el fallecimiento del papa Francisco, lo que añadió un elemento de sensibilidad institucional a la cita.