Fiscalía imputa a 16 militares por su presunta participación en la desaparición de cuatro menores
La Fiscalía había comenzado investigando este hecho como un presunto secuestro, pero más tarde lo reclasificó bajo el nombre de «Caso Malvinas», en referencia al barrio donde residían las víctimas: Josué e Ismael Arroyo (14 y 15 años), Nehemías Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11).
El juez Dennis Ugalde Álvarez, de la Unidad Judicial Guayaquil Sur, ha convocado para mañana, 31 de diciembre, a las 10:00 horas la audiencia de formulación de cargos en contra de 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro menores en Guayaquil.
La audiencia de este martes será clave para determinar si los 16 militares enfrentan medidas cautelares, como la prisión preventiva, o si se les imponen medidas menos severas, como prohibición de salida del país o presentación periódica ante un juez. En caso contrario, el magistrado podría desestimar el caso.
El 8 de diciembre, en la noche, un video grabado por la Asamblea Nacional mostró cómo los militares detenían a los cuatro jóvenes en los alrededores del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en la avenida 25 de Julio. En ese momento, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, explicó que los menores habían sido aprehendidos por un presunto robo. Sin embargo, Christian Fárez, fiscal del caso, cuestionó esa versión. Durante la audiencia de habeas corpus, el fiscal indicó que no existen evidencias de que los menores hayan cometido algún delito, y que la detención de los mismos carecía de fundamentos legales.
La versión de la defensa del Ministerio de Defensa señaló que los menores fueron liberados en el trayecto hacia la Base Aérea de Taura, ubicada en el cantón Naranjal. Sin embargo, Fárez calificó esta acción como un mal procedimiento, ya que los menores no fueron entregados a la Policía Nacional ni se les notificó del suceso al ECU 911, como exige la ley al tratarse de menores de edad.
Desde esa noche, el paradero de Josué, Ismael, Nehemías y Steven sigue siendo incierto. La última comunicación con las familias ocurrió cerca de las 22:40 del 8 de diciembre, cuando un hombre no identificado contactó a los familiares, asegurando que tenía a los menores en su poder. El hombre, en una llamada posterior, advirtió que las autoridades estaban cerca de su ubicación y amenazó con castigar a los familiares por alertar a la Policía.
El 24 de diciembre, el hallazgo de cuatro cuerpos carbonizados en una zona de difícil acceso de la parroquia de Taura despertó aún más la alarma. Las autoridades están llevando a cabo las diligencias pertinentes para identificar a las víctimas y determinar si los restos corresponden a los cuatro menores desaparecidos.
El Ministerio de Defensa ha confirmado que los 16 militares implicados están bajo custodia para evitar cualquier riesgo de fuga, mientras avanza la investigación sobre el caso. Las autoridades locales han expresado su compromiso en esclarecer lo ocurrido y hacer justicia por los menores, cuyos desaparecimientos han conmocionado a la población de Guayaquil y del país.
El caso ha generado gran indignación entre los ciudadanos y organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes exigen respuestas claras sobre las circunstancias de la desaparición y el paradero de los jóvenes.
La desaparición de los cuatro menores y las presuntas responsabilidades de los militares implicados ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar la transparencia en las acciones de las fuerzas de seguridad y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente en situaciones que involucran a menores de edad.
La audiencia programada para mañana, 31 de diciembre, será clave para esclarecer los próximos pasos en el caso, y para saber si los militares responsables de este hecho serán enviados a prisión preventiva o se les concederán medidas cautelares. El paradero de los menores sigue siendo el eje de la angustia de sus familias, que esperan respuestas claras y una investigación imparcial que logre hacer justicia por la desaparición forzada que ha marcado este lamentable suceso en Ecuador.
