Fentanilo contaminado: Diputados exige respuestas al Gobierno mientras aumentan las muertes
La falta de respuestas oficiales no solo agrava el escándalo, sino que expone un vacío alarmante en la política sanitaria. En un contexto donde el mercado de medicamentos críticos debería estar sujeto a estrictos estándares, la combinación de controles laxos, opacidad y ausencia de sanciones podría sentar un precedente peligroso. Si el Estado no asume un rol activo y transparente, esta tragedia puede convertirse en el símbolo más crudo de un sistema de control que falló de principio a fin.
La crisis sanitaria por el fentanilo contaminado alcanzó un punto crítico: con 97 fallecidos confirmados —una cifra que supera a tragedias como la de Once o el atentado a la AMIA—, la Cámara de Diputados elevó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para esclarecer la cadena de producción, control y distribución de este fármaco inyectable. La magnitud del desastre, sumada a la ausencia de responsables identificados, instala interrogantes sobre la eficacia y la transparencia de los organismos de control.
El reclamo, impulsado de forma unificada por todos los bloques en la Comisión de Acción Social y Salud Pública, incluye 26 preguntas dirigidas principalmente a la ANMAT.
Entre ellas, se exige conocer la trazabilidad de los lotes contaminados, la cantidad de casos confirmados y sospechosos discriminados por provincia y estado clínico, y las acciones adoptadas desde los primeros indicios de la intoxicación masiva.
También se pide información detallada sobre la habilitación de laboratorios como HLB Pharma y Ramallo S.A., así como el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura.
El diputado radical Pablo Juliano fue categórico: “Nadie investiga, no hay un solo responsable en la cadena de compra y distribución, ni en los permisos otorgados al laboratorio que provee esta droga. Hay un silencio atroz, que todavía no podemos dilucidar si es por complicidad o inaptitud”.
Sus críticas también apuntaron al ministro de Salud y a la postura del ministro Federico Sturzenegger, quien sostuvo que debe reducirse la intervención estatal en los controles: “Acá tenemos el resultado: 97 vidas y familias destrozadas”.
