Estados Unidos profundiza su control sobre el petróleo venezolano mediante millonarios acuerdos energéticos

En un país cuya historia reciente ha estado marcada por la disputa por el control del petróleo, el desafío será determinar si esta nueva apertura constituye una recuperación de la industria o una transferencia progresiva de poder sobre sus recursos estratégicos.

Empresas estadounidenses avanzan sobre el estratégico sector petrolero de Venezuela tras nuevos acuerdos de inversión por miles de millones de dólares. El Gobierno de Trump los presenta como una oportunidad económica, mientras crecen las críticas por el impacto que podrían tener sobre la soberanía y el control de los recursos naturales del país.

Las principales empresas energéticas de Estados Unidos dieron este miércoles un nuevo paso para ampliar su presencia en Venezuela con la firma de acuerdos de inversión valuados en varios miles de millones de dólares. El entendimiento se produjo pocos días después de que Caracas aceptara otorgar a Washington una posición de control sobre una parte significativa de sus enormes reservas petroleras.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, viajó a Caracas para participar de la firma de los convenios, que contemplan inversiones por «decenas de miles de millones de dólares». Los acuerdos involucran a Chevron, GE Vernova y la italiana ENI, y son presentados por Washington como una vía para reactivar una industria petrolera venezolana que durante años sufrió falta de inversiones, deterioro de infraestructura y restricciones internacionales.

Wright defendió el entendimiento y sostuvo que permitirá transformar reservas de crudo actualmente sin explotar en actividad económica, inversión y producción. Según el funcionario, el objetivo no es apropiarse del petróleo venezolano, sino aportar capital y tecnología para desarrollar recursos que, bajo su argumento, permanecen inactivos y no generan beneficios suficientes para la población.

Sin embargo, detrás del discurso de cooperación económica aparece una cuestión mucho más sensible: quién tendrá realmente el control sobre una de las mayores reservas petroleras del planeta.

Los acuerdos han despertado cuestionamientos tanto dentro como fuera de Venezuela. Los críticos del Gobierno estadounidense consideran que la operación consolida una dependencia energética y política de Caracas respecto de Washington, particularmente después de la ofensiva estadounidense contra el Gobierno de Nicolás Maduro y de las presiones ejercidas sobre las actuales autoridades venezolanas.

La controversia adquiere una dimensión todavía mayor por el volumen de recursos involucrados. Washington busca controlar mayoritariamente unos 65.000 millones de barriles de reservas de crudo, una porción estratégica de la riqueza energética venezolana. De concretarse plenamente estos compromisos, las compañías estadounidenses quedarían en una posición privilegiada dentro de un sector considerado fundamental para la economía del país.

Desde la administración Trump, en cambio, el argumento es pragmático: Venezuela necesita capital y tecnología, mientras Estados Unidos busca nuevas fuentes de suministro energético y oportunidades para sus empresas. El secretario Wright calificó los acuerdos como fundamentales para abrir una etapa de «paz, oportunidad y prosperidad».

Pero el contexto político estadounidense también resulta relevante. La administración republicana enfrenta un escenario complicado de cara a las elecciones legislativas de noviembre, en medio del aumento del costo de los combustibles y de una crisis más amplia que afecta a la vivienda, los alimentos y otros gastos básicos. El acceso a nuevas fuentes de petróleo y la posibilidad de incrementar la oferta energética adquieren, en ese marco, un valor que excede ampliamente el terreno empresarial.

La presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, rechazó las acusaciones de que su Gobierno esté entregando las riquezas nacionales a Estados Unidos. Su argumento es que la participación de empresas extranjeras resulta necesaria para atraer las inversiones que el deteriorado sector petrolero necesita.