31 de enero de 2026

España y Francia respaldaron la inclusión de la Guardia Revolucionaria Iraní en la lista de grupos terroristas

La decisión se produjo tras meses de debate y tras una fuerte represión a las protestas en Irán, que movilizó a varios países a reconsiderar su postura.

Francia y España respaldaron la designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán como organización terrorista, lo que representó un avance significativo en la política europea, ya que la Unión Europea no había implementado esta medida anteriormente.

Los cambios de postura se produjeron justo antes de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores en Bruselas. El Elíseo comunicó que Francia apoyó la inclusión del CGRI en la lista europea de organizaciones terroristas, mientras que fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmaron que Madrid también votó a favor.

El ministro de Exteriores de España, Albares, expresó que España exigió respeto por la libertad de expresión y de manifestación pacífica en Irán, y que se sumó a cualquier sanción contra el régimen iraní, incluyendo las dirigidas al CGRI. La organización fue señalada por su implicación en la represión de protestas, el suministro de armas a Rusia, ataques a Israel y su relación con grupos armados en Yemen y Líbano.

Por su parte, Estados Unidos, Canadá y Australia ya clasificaron al CGRI como organización terrorista, y Alemania junto con los Países Bajos instaron a la Unión Europea a seguir ese ejemplo. Italia también cambió de postura tras recibir información sobre la magnitud de la represión en Irán, evidenciada por la muerte de al menos 5.777 manifestantes, según la Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos.

Un diplomático anónimo señaló que la brutalidad en Irán llevó a los ministros y capitales a reconsiderar sus posiciones, enviando un mensaje claro al gobierno iraní y apoyando a la diáspora iraní que solicitó esta medida durante mucho tiempo.

La inclusión del CGRI en la lista de organizaciones terroristas implicó la congelación de activos, la prohibición de financiamiento y viajes para sus miembros, consolidando así la postura de rechazo a una organización que funcionó como una extensión del Estado bajo el control de Alí Jamenei.

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