Enero bajo presión: el Gobierno enfrenta un vencimiento de deuda con financiamiento aún incierto
A menos de dos semanas del plazo, el desafío no es solo contable, sino político y estructural, ya que pone en tensión el discurso oficial de autosuficiencia financiera con la realidad del financiamiento disponible.
El inicio de 2026 encuentra al gobierno de Javier Milei frente a una prueba decisiva: cumplir con vencimientos de deuda externa por más de 4.200 millones de dólares en un contexto de recursos escasos y estrategias financieras aún incompletas.
Según datos oficiales, el Tesoro Nacional dispone actualmente de unos 1.800 millones de dólares asignados a estos pagos. A ese monto se sumarían recursos provenientes de la emisión del BONAR 2029N, compras recientes de reservas y, eventualmente, hasta 700 millones de dólares derivados de concesiones hidroeléctricas. Sin embargo, aun considerando estas fuentes, persiste un faltante cercano a los 2.400 millones de dólares cuya cobertura no ha sido detallada con precisión.
Desde el Ministerio de Economía admiten que se analizan alternativas como acuerdos de recompra (REPO) con entidades financieras privadas y nuevas colocaciones en el mercado local. Estas opciones, si bien evitan una salida directa al mercado internacional, implican costos financieros y condicionamientos que podrían tensionar la estrategia oficial de desendeudamiento y fortalecimiento del mercado interno de capitales.
El propio ministro Luis Caputo descartó acudir a emisiones bajo legislación extranjera, en línea con su objetivo declarado de reducir la dependencia del financiamiento externo y de Wall Street. El planteo, coherente desde lo discursivo, abre interrogantes sobre la viabilidad de sostener pagos elevados sin un mercado doméstico lo suficientemente profundo y con una economía aún en proceso de estabilización.
El respaldo político del presidente Javier Milei, quien aseguró que la Argentina cumplirá con sus compromisos, busca transmitir confianza a los acreedores y a los mercados. No obstante, el optimismo presidencial contrasta con la falta de definiciones concretas sobre cómo se cerrará el esquema financiero en el corto plazo.
En este escenario, el vencimiento de enero aparece como algo más que un trámite administrativo: funciona como un termómetro de la credibilidad del programa económico. Si el Gobierno logra cumplir sin sobresaltos, fortalecerá su narrativa de orden fiscal y responsabilidad financiera. Pero si recurre a mecanismos costosos o improvisados, quedará expuesta la fragilidad de una estrategia que, por ahora, depende más de la expectativa y la confianza que de un flujo sólido y sostenible de recursos.
