El peronismo presenta un contraproyecto laboral centrado en la reducción de la jornada y paritarias libres
La iniciativa, coordinada por Mariano Recalde y Raquel Olmos, propone un fortalecimiento del esquema tripartito de relaciones laborales, poniendo el foco en la autonomía de las paritarias y la recomposición del poder adquisitivo.
El peronismo busca recuperar la iniciativa política en el Congreso mediante la presentación de un proyecto de ley integral que confronta de manera directa con las reformas propuestas por el Gobierno de Javier Milei.
A diferencia de la propuesta oficialista, que tiende hacia la flexibilidad, este texto apuesta por una intervención estatal que garantice la integridad del salario monetario y la centralidad del Consejo del Salario.
El proyecto introduce elementos de vanguardia en la legislación nacional, como la regulación del trabajo en plataformas digitales y la apertura de los algoritmos de asignación de tareas.
Al establecer una presunción de relación de dependencia para repartidores y prestadores de servicios digitales, la oposición busca formalizar a un sector que hoy carece de coberturas básicas de seguridad y accidentes.
Asimismo, la propuesta retoma la agenda de bienestar laboral mediante la reducción progresiva de la carga horaria a 42 horas semanales, alineándose con las tendencias de productividad y calidad de vida observadas en otros países de la región y Europa.
Uno de los puntos más disruptivos del planteo opositor es la aplicación efectiva del derecho constitucional a la participación en las ganancias empresariales a través de un bono anual.
Esta medida, sumada al derecho a la desconexión y la extensión de licencias financiadas por la Anses, intenta reconfigurar el debate en el Senado de cara a las sesiones de febrero.
Mientras el oficialismo confía en su capacidad de negociación para sancionar su reforma, el peronismo utiliza este contraproyecto para consolidar un frente de resistencia sindical y política, marcando una frontera clara entre la flexibilización por mercado y la protección de derechos adquiridos.
