El Ministerio de Justicia bajo la lupa por millonario contrato de viajes por $648 millones
En un contexto de ajuste fiscal, el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, ha adjudicado un controvertido contrato por $648.779.200 para la compra de pasajes y servicios de viaje, una decisión que ha generado fuertes cuestionamientos.
El motivo: la cartera desechó una oferta casi $34 millones más económica presentada por otra empresa, optando por priorizar criterios técnicos que, según la documentación del proceso, carecen de la transparencia necesaria para justificar la diferencia de costos.
La contratación, firmada el 14 de agosto, se realizó bajo la modalidad de “Orden de Compra Abierta”, un esquema flexible que, si bien permite al Estado manejar con agilidad las necesidades de viajes de su personal, también reduce el control sobre los gastos.
La decisión de elegir la opción más costosa se basó en una supuesta superioridad técnica, a pesar de que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) no logró determinar un precio testigo de referencia. Esta falta de un valor de mercado dificulta la auditoría pública y eleva el riesgo de sobreprecios, dejando al descubierto una preocupante falta de mecanismos de control en la gestión de fondos.
El análisis de la licitación revela un punto especialmente crítico: además del costo de los pasajes, el Estado deberá pagar a la empresa adjudicataria, Sudameria Incoming Solutions SRL, una serie de onerosas comisiones («fees») por cada trámite. Estas comisiones se suman al costo del servicio, y, en algunos casos, superan con creces el valor de la propia gestión.
Un desglose de estos costos adicionales muestra cifras alarmantes: por la emisión de 600 pasajes aéreos nacionales, el Ministerio abonará una comisión total de $45.738.000, lo que equivale a un fee de $76.230 por cada trámite.
Para los pasajes internacionales, el costo de la comisión se eleva a $91.476 por gestión, un valor desproporcionado que levanta serias dudas sobre la economía del contrato. Esta estructura, que prioriza el pago de comisiones fijas en lugar de un precio global más competitivo, representa una señal de alerta sobre el uso del erario público.
Un patrón de decisiones controvertidas en el Ministerio de Justicia
La decisión de Cúneo Libarona se inscribe en un período de intensa exposición política para su cartera, que ya enfrentaba críticas por la lentitud en la implementación del nuevo sistema acusatorio federal y por la polémica defensa de los polémicos nombramientos de Ariel Lijo y García Mansilla en la Corte Suprema.
La adjudicación del contrato de viajes, que compromete partidas presupuestarias hasta 2026, refleja una aparente priorización de aspectos técnicos por encima de la eficiencia económica.
Esto no solo genera una señal de despreocupación por el gasto público, sino que también abre la puerta a futuras ampliaciones de presupuesto sin un control estricto. La sociedad exige que, en este tipo de procesos, la transparencia y la rendición de cuentas sean la norma, y no la excepción.
