El Gobierno recortó el presupuesto universitario en un 30% y los docentes perdieron un 23% en salarios reales

Según los últimos datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los salarios reales de los profesores universitarios han perdido un 23% debido a la inflación y los recortes en el presupuesto.

Desde diciembre de 2023, el presupuesto otorgado por el Gobierno Nacional a las universidades públicas de Argentina ha experimentó una caída del 30%, lo que tuvo un impacto directo en los salarios de los docentes.

Este ajuste en la asignación de recursos a las universidades se suma a otras decisiones tomadas por la administración de Javier Milei, como el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, lo que ha generado un rechazo generalizado en el ámbito estudiantil y académico. A lo largo de 2024, estudiantes, docentes y diversos sindicatos se manifestaron de manera constante en contra de las políticas del gobierno, convocando a masivas protestas y marchas en todo el país.

Protestas masivas y apoyo creciente

Las movilizaciones contra el ajuste en la educación superior han sido masivas. La primera marcha, que tuvo lugar el 23 de abril, congregó a más de 800.000 personas, según estimaciones de los organizadores. Un relevamiento nacional realizado por el Equipo Mide reveló que el 51% de los encuestados apoyaron la Marcha Federal Universitaria, mientras que solo el 22% se mostró en contra.

A pesar de la contundente respuesta de la comunidad universitaria, el Gobierno de Javier Milei descalificó las movilizaciones, asegurando que eran «genuinas, pero construidas sobre una mentira». El propio presidente fue más allá, afirmando que las agrupaciones políticas y sociales que participaron de las protestas «demostraron el miedo que le tienen» a su figura. En palabras de Milei: «En el fondo, muestran el miedo que me tienen, lo grande que soy respecto a ellos y lo poca cosa que son respecto a mí. Ninguno de esos está a la altura de tener una discusión razonable», sentenció.

Auditorías y denuncias de «estudiantes inventados»

Otra de las medidas impulsadas por el gobierno ha sido la implementación de auditorías a las universidades públicas. A pesar de que estas auditorías ya se realizan desde 1994 por la Auditoría General de la Nación (AGN) y han sido siempre transparentes, el Ejecutivo insistió en la necesidad de un control más estricto, promovido por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Miguel Blanco, titular de SIGEN, explicó que las auditorías tenían como objetivo revisar la «aplicación del presupuesto» y verificar la correcta documentación de los recursos. Sin embargo, no se han reportado irregularidades significativas en los informes. En paralelo, el gobierno comenzó a difundir la idea de que las universidades estaban albergando a «estudiantes inventados» para justificar mayores recursos.

Esta acusación fue rápidamente desmentida por rectores de universidades como la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), quienes explicaron que los estudiantes deben inscribirse anualmente en el Sistema de Información Universitario (SIU), lo que hace imposible la creación de estudiantes ficticios.

Oscar Arellano, rector de la UNCA, criticó duramente al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, quien había insinuado que las universidades «inventaban» estudiantes para recibir más fondos. Arellano aclaró que el sistema de inscripción es riguroso y transparente, y que solo los estudiantes registrados pueden rendir exámenes.

Rechazo al veto y segunda marcha masiva

El 2 de octubre, se realizó la segunda Marcha Federal Universitaria, que nuevamente congregó a miles de personas. Esta movilización, que calculó más de un millón de participantes en las inmediaciones del Congreso y otras 400.000 personas en el interior del país, se centró en el rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y en la exigencia de un aumento salarial para los docentes.

Torrendell, en una entrevista previa a la movilización, había minimizado el impacto de la protesta, afirmando que las demandas se centraban exclusivamente en los salarios y que el Gobierno ya estaba trabajando para «recomponer los salarios docentes». Sin embargo, la magnitud de la movilización y el apoyo popular a la causa universitaria indican que el malestar es generalizado.

El presupuesto asignado para 2025 se ha convertido en otro punto de conflicto, con organizaciones estudiantiles y gremios docentes reclamando un aumento significativo en la partida destinada a las universidades públicas, especialmente para garantizar la recomposición salarial de los trabajadores del sector.

El futuro de la educación pública en Argentina

El recorte del 30% al presupuesto universitario y la pérdida del 23% en el poder adquisitivo de los docentes son señales claras de que la educación pública en Argentina atraviesa una de sus peores crisis económicas y sociales. Las protestas universitarias continúan, y las organizaciones estudiantiles y gremiales exigen respuestas claras y concretas del Gobierno.

A pesar de los intentos del Ejecutivo por deslegitimar las demandas del sector, la comunidad universitaria se mantiene firme en su lucha por la defensa de la educación pública y de los derechos laborales de los docentes, considerando que estos son aspectos fundamentales para el desarrollo del país y la igualdad de oportunidades.

La resolución de estos conflictos será clave para el futuro del sistema educativo argentino y para la relación entre el gobierno de Javier Milei y los sectores académicos y estudiantiles, que continúan rechazando los recortes y la falta de inversión en las universidades públicas.