El Gobierno prolonga investigación por presunto dumping de lavarropas chinos
Aunque no detectó un perjuicio concreto sobre la producción nacional, el Gobierno decidió extender la investigación por presunto dumping en las importaciones de lavarropas de hasta 13 kilos provenientes de China, al advertir indicios que podrían comprometer la competitividad de la industria argentina en el mediano plazo.
La medida, formalizada a través de la Resolución 112/2026 publicada en el Boletín Oficial, se apoya en un informe preliminar de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), organismo que identificó una situación de amenaza de daño importante, aunque descartó impactos negativos efectivos durante el período bajo análisis.
La investigación había sido iniciada en enero de este año a pedido de Drean S.A., uno de los principales fabricantes nacionales del sector. Según la CNCE, las operaciones de exportación desde China registraron un margen promedio ponderado de dumping del 6,04%, porcentaje que confirma la existencia de diferencias entre los precios de exportación y los valores considerados normales en el mercado de origen.
No obstante, el organismo concluyó que la participación de los productos chinos aún no provocó un deterioro en los indicadores de desempeño de la industria local, que incluso mostró signos de recuperación. Sin embargo, el crecimiento sostenido de las importaciones asiáticas encendió señales de alerta.
Entre los factores de preocupación, la CNCE destacó que China concentra cerca de la mitad de las exportaciones mundiales de lavarropas, lo que evidencia una elevada capacidad de abastecimiento. A ello se suma la vigencia de medidas antidumping en Estados Unidos —uno de sus principales mercados de destino—, situación que podría incentivar un redireccionamiento de excedentes hacia economías más abiertas, como la argentina.
Otro dato relevante es el nivel de stock acumulado por los importadores. Según las estimaciones oficiales, las existencias almacenadas equivalen a más del 60% de los lavarropas chinos ingresados al país entre enero y septiembre de 2025, un indicador que podría anticipar una mayor presión competitiva sobre los fabricantes locales.
En este contexto, el Gobierno optó por no aplicar medidas provisionales de protección, aunque mantendrá abierta la investigación y cumplirá con los procedimientos establecidos por el Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La definición final determinará si corresponde imponer derechos antidumping definitivos para resguardar a la industria nacional frente a una eventual competencia considerada desleal.
