El Gobierno ordenó la eliminación de la facultad de ANSES para otorgar créditos
El Gobierno Nacional decidió suprimir la facultad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para otorgar créditos a trabajadores y jubilados, argumentando que esta es una función que debe ser gestionada por el sector privado.
La medida fue implementada a través del Decreto 1039/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
El decreto justifica la supresión de esta capacidad de ANSES, que está a cargo de Mariano De los Heros, al señalar que «constituye una medida adecuada para mejorar el funcionamiento del Estado» y para garantizar la preservación de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS).
Además, se enmarca dentro de una revisión de los «Créditos ANSES» otorgados en 2023, bajo la administración de Alberto Fernández, que fueron destinados a trabajadores en relación de dependencia. Según el Gobierno, estos créditos presentaban una «significativa diferencia en el Costo Financiero Total» debido a que la Tasa Nominal Anual (TNA) aplicada fue del 50%, mientras que la inflación anual superó el 200%. El Ejecutivo considera que ofrecer créditos a tasas reales negativas implicaba un subsidio implícito, afectando negativamente los activos del FGS.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, aclaró el decreto, «no fue creado para funcionar como un fondo de crédito, sino para garantizar la sustentabilidad del Sistema Previsional», por lo que sus activos deben ser invertidos en instrumentos que aseguren su preservación.
El Gobierno de Milei sostiene que el otorgamiento de financiamiento es una actividad que puede ser desempeñada de manera más eficiente y competitiva por el sector privado. En este sentido, se ordena la «supresión de la facultad de ANSES de otorgar y gestionar créditos». La medida se basa en las facultades otorgadas por la Ley N° 27.742, que permite modificar las competencias de los organismos creados por ley, con el objetivo de optimizar la gestión pública y mejorar el funcionamiento del Estado.
