El Gobierno Nacional confirmó que promulgará la Ley de Discapacidad

En el fondo, lo que está en juego es qué lugar ocupa la discapacidad en la agenda pública: si se la considera un gasto que hay que controlar o un derecho que el Estado tiene la obligación de garantizar. La respuesta del Gobierno hasta ahora se inclina por lo primero, evidenciando que la disputa por esta ley es mucho más que un cruce coyuntural: es un reflejo de dos modelos de país en pugna.

El Gobierno confirmó que promulgará la Ley de Discapacidad, aunque la decisión llega más como un movimiento obligado que como una convicción política.

Después de que el Congreso insistiera en la norma y lograra revertir el veto del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que el Poder Ejecutivo procederá a su promulgación, aunque lo hizo con fuertes críticas a la oposición y con advertencias sobre los costos fiscales de su implementación.

La ley, que amplía derechos y actualiza el marco legal en materia de discapacidad, tuvo un recorrido legislativo marcado por un amplio consenso en ambas cámaras, lo que permitió que el Congreso impusiera su decisión por encima de la negativa presidencial. El veto de Milei fue leído como un intento de sostener a rajatabla la lógica del ajuste y del equilibrio fiscal, incluso a costa de políticas sociales básicas. La respuesta legislativa, en cambio, representó un freno institucional y político a esa estrategia, colocando la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad en el centro del debate.

Francos, en diálogo con Clarín, intentó correr el eje de la discusión: aceptó que el Ejecutivo reglamentará la norma, pero al mismo tiempo cuestionó su financiamiento y deslizó sospechas sobre la administración de las pensiones existentes. “Esto abre la puerta a nuevas pensiones por discapacidad. Pero resolvamos primero si las que se dieron fueron bien otorgadas”, advirtió, con un tono que refuerza la mirada del Gobierno sobre los derechos sociales como posibles fuentes de abuso o gasto superfluo.

El jefe de Gabinete insistió en que el Congreso no determinó de dónde saldrán los recursos y llegó a plantear una disyuntiva extrema: “¿A quién le sacamos, a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?”. Más que una preocupación técnica, el planteo busca instalar un falso dilema que coloca a distintos sectores vulnerables en competencia por la asistencia estatal. De fondo, se mantiene la tensión entre la política de recorte y el reconocimiento de derechos que implican necesariamente inversión pública.

La acusación de Francos a la oposición como autora de una “acción deliberada” contra la política central del Gobierno —el equilibrio fiscal— muestra que la discusión va más allá de lo presupuestario. Para la administración Milei, cualquier ley que implique ampliar derechos sociales no es vista como un mandato democrático sino como un obstáculo a su plan económico. El oficialismo transforma así un debate sobre inclusión en un campo de batalla ideológico, donde la solidaridad se contrapone con la austeridad como si fueran valores irreconciliables.

La promulgación de la Ley de Discapacidad representa, en este contexto, un triunfo político del Congreso frente al Ejecutivo, pero no garantiza su aplicación efectiva. La reglamentación será clave, y allí el Gobierno podría intentar limitar o condicionar su alcance bajo el argumento de la falta de recursos. El riesgo es que la letra de la ley se convierta en un derecho formal sin impacto real en la vida de quienes más lo necesitan.