El Gobierno interviene la empresa Corredores Viales S.A. en el marco de su privatización
Con la intervención de Corredores Viales S.A., el Gobierno avanza en su plan de reestructuración del sector, mientras se prepara para el traspaso de la infraestructura vial a manos privadas, lo que podría redefinir el modelo de gestión de las rutas del país en el futuro cercano.
En una decisión que marca un nuevo capítulo en el proceso de reestructuración y privatización de empresas estatales, el Gobierno de Javier Milei intervino la empresa estatal Corredores Viales S.A. debido a sus graves problemas financieros.
La medida fue formalizada a través del Decreto 244/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La intervención, que responde a la difícil situación económica de la empresa, tiene como objetivo preparar a Corredores Viales para su privatización total. La compañía, que depende de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, será ahora controlada por la interventora Anastasia María de los Ángeles Adem. Según lo dispuesto en el decreto, Adem asumirá las facultades del Directorio y de su presidente, y tendrá atribuciones adicionales para llevar a cabo una profunda reestructuración de la empresa.
Una de las primeras tareas de la interventora será realizar una auditoría exhaustiva de la gestión de la empresa, tanto al inicio como al final del período de intervención. Además, deberá evaluar el estado financiero y operativo de la empresa y presentar una rendición de cuentas detallada. Adem también será responsable de elaborar un plan de acción para la reformulación de Corredores Viales, lo que podrá incluir modificaciones al estatuto de la empresa, plan que deberá ser aprobado por el Ministerio de Economía.
La intervención también incluye una revisión integral de la administración de compras y contrataciones, así como una auditoría del estado de los corredores viales. La interventora operará la sociedad durante el período de transición hasta la disolución y liquidación definitiva de la empresa, proceso que concluirá una vez que se hayan adjudicado y perfeccionado los contratos de concesión con las empresas seleccionadas.
Corredores Viales S.A. enfrenta una situación financiera crítica, con un saldo negativo en 2023 que incluye una deuda con proveedores de $142.000 millones y pérdidas acumuladas que ascienden a $268.000 millones. Además, ha recibido aportes del Tesoro Nacional por $301.000 millones, lo que refleja el grado de dependencia de la empresa del financiamiento estatal.
Este proceso de intervención se enmarca dentro de un plan más amplio para privatizar la empresa, cuyo inicio fue formalizado en febrero con el Decreto 97/2025. Dicho decreto autoriza el «procedimiento para la privatización total de Corredores Viales S.A.» bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje. El objetivo final es la disolución y posterior liquidación de la empresa una vez que se concreten los contratos de concesión con las firmas seleccionadas.
De acuerdo con el vocero presidencial, Manuel Adorni, el sector privado se encargará de la ejecución de las obras y gestiones necesarias, asumiendo tanto los riesgos como los beneficios de la operación, a cambio del derecho a cobrar peajes. En total, más de 9.000 kilómetros de rutas, que representan el 80% del tráfico vial del país, serán transferidos a concesionarios privados.
El proceso de privatización y liquidación de Corredores Viales S.A. sigue la línea de otras políticas de desregulación y privatización impulsadas por el gobierno de Milei, que busca reducir la participación estatal en áreas clave de la economía. Sin embargo, este proceso también ha generado incertidumbre entre los trabajadores de la empresa y las comunidades que dependen de los corredores viales para su conectividad.
