El Gobierno habilita la importación de equipamiento médico usado: ¿Alivio o riesgo regulatorio?

“A partir de ahora, las clínicas y hospitales de todo el país podrán importar equipamiento médico usado. Menos costos y burocracia, más calidad al servicio de la salud de los argentinos”, expresó Adorni en su cuenta de X. El mensaje oficial presenta la iniciativa como una herramienta para mejorar la eficiencia del sistema de salud en un contexto de restricciones presupuestarias y dificultades de acceso a tecnología de última generación.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció un cambio en el régimen de importación que permitirá a clínicas y hospitales de todo el país adquirir equipamiento médico usado. Según el funcionario, la medida busca reducir costos y burocracia, además de ampliar la oferta tecnológica disponible para el sistema sanitario.

Hasta el momento, la importación de este tipo de equipos estaba limitada por regulaciones estrictas y procesos administrativos extensos, con el objetivo de garantizar estándares de seguridad y calidad. El nuevo esquema flexibiliza esos controles, bajo el supuesto de que facilitará el acceso a dispositivos más modernos y permitirá mejorar la atención a los pacientes. Sin embargo, el impacto real de la medida dependerá de los mecanismos de fiscalización y del control efectivo sobre el estado y la vida útil de los equipos importados.

En ese sentido, el ministro de Salud, Mario Lugones, aseguró que la normativa impulsada por la ANMAT no implica una desregulación total, sino un “ordenamiento” del régimen de importaciones. Según explicó, se habilita el ingreso de equipamiento usado y reacondicionado siempre que cumpla con criterios de seguridad y calidad, lo que —afirmó— contribuirá a optimizar diagnósticos y tratamientos y a reducir derivaciones que hoy generan demoras en la atención.

Desde la cartera sanitaria sostienen que el nuevo marco establece reglas claras y procedimientos simplificados para promover un acceso más equitativo a la innovación en salud en todo el país. No obstante, especialistas advierten que la clave estará en la capacidad del Estado para auditar y supervisar el cumplimiento de esas reglas, a fin de evitar que la reducción de costos se traduzca en una menor calidad del equipamiento y en riesgos para los pacientes.