El Gobierno evalúa reforzar el protocolo antipiquetes y anticipa mayores restricciones en las protestas
El Gobierno enfrenta un delicado equilibrio: responder a episodios de violencia sin erosionar garantías fundamentales, en un clima donde la conflictividad social parece lejos de atenuarse.
El Gobierno nacional endureció su posicionamiento frente a las manifestaciones públicas y anunció que analiza aplicar controles más estrictos en futuras protestas, tras los incidentes registrados el miércoles pasado en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina durante la movilización contra la reforma laboral.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que se estudian nuevas medidas que podrían incluir desde la revisión de mochilas y bolsos hasta la prohibición de banderas en las marchas, bajo el argumento de que algunos elementos han sido utilizados para agredir a las fuerzas de seguridad. En declaraciones al programa Pan y Circo de Radio Rivadavia, la funcionaria sostuvo que se analiza “endurecer más las medidas” vinculadas al denominado protocolo antipiquetes.
El anuncio se produce en un contexto de creciente conflictividad social y tensión política, mientras el Senado debatía la primera sanción de la reforma laboral. Durante la protesta, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Policía y la Gendarmería: algunos grupos arrojaron piedras y bombas molotov, mientras que las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos, carros hidrantes y bastonazos.
Si bien desde el Ministerio se insiste en que el objetivo es “no poner en riesgo la vida de absolutamente nadie”, la eventual implementación de controles más severos abre un debate sobre los límites entre el mantenimiento del orden público y el derecho constitucional a la protesta. La posibilidad de revisar pertenencias o prohibir símbolos como banderas podría interpretarse como un avance en las facultades de control estatal sobre la manifestación ciudadana.
El endurecimiento discursivo también tiene una dimensión política: se inscribe en una estrategia oficial que busca reforzar la autoridad frente a escenarios de protesta masiva, especialmente en el marco de reformas estructurales que generan fuerte resistencia sindical y social. No obstante, organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición ya anticipan cuestionamientos ante cualquier medida que consideren restrictiva o desproporcionada.
