El Gobierno elimina regulaciones en el transporte de pasajeros en micros de media y larga distancia
El Gobierno desreguló el transporte automotor de media y larga distancia, estableciendo un Registro Nacional de Transporte de Pasajeros que será accesible en línea y sin costo. Esta nueva normativa elimina restricciones para las empresas, permitiéndoles ajustar precios de boletos, horarios, recorridos y duración de los servicios.
La medida fue oficializada mediante el Decreto 883/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Franco Mogetta, secretario de Transporte, afirmó que esta decisión traerá beneficios a todos los actores del sector, al facilitar la creación de un registro nacional y permitir que los transportistas definan libremente los recorridos, horarios y tarifas.
Esta acción es parte de un plan impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y busca reemplazar una normativa vigente desde hace más de 30 años. Su objetivo es liberalizar y modernizar el transporte de pasajeros, adaptándolo a las nuevas dinámicas del sector.
Con la implementación de esta norma, las empresas podrán establecer libremente las rutas, los vehículos a utilizar, la frecuencia de los servicios y las paradas autorizadas por las autoridades locales. Desde el Gobierno se enfatiza que esto generará una mayor oferta de servicios y fomentará la competencia, beneficiando a usuarios y transportistas por igual.
La Asociación Argentina de Empresas de Transporte de Pasajeros (AAETA) fue una de las primeras en reaccionar, señalando que la normativa busca facilitar el acceso al mercado y permitir ajustes en la oferta de servicios. En su comunicado, la AAETA destacó la necesidad de agilizar las regulaciones para potenciar el papel del sector privado y reducir la burocracia que afecta la eficiencia del servicio.
Asimismo, enumeraron medidas clave para la mejora del sector, como la exención del Impuesto de Ingresos Brutos, la limitación de costos en terminales, la eliminación de «burocracia excesiva», y ajustes en normativas relacionadas con patentes y peajes, entre otras.
