El Gobierno de Milei dejó en disponibilidad a más de 300 trabajadores del INTA, INASE y el INV
El pase a disponibilidad masivo de trabajadores no solo desnuda la precariedad del modelo económico que impulsa el Ejecutivo, sino que plantea un interrogante central: ¿Cómo puede sostenerse la producción nacional si se desmantela el entramado técnico y científico que la respalda?
La ofensiva del Gobierno contra los organismos del sector agropecuario sumó un nuevo capítulo: apenas unas horas después de que el Senado rechazara el DNU 462/2025, el Ejecutivo dispuso el pase a disponibilidad de más de 300 empleados de planta permanente del INTA, el INASE y el INV, mediante la resolución 1240/2025 firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo.
La medida afecta directamente a trabajadores con estabilidad adquirida, quienes ahora quedan en un limbo laboral bajo la figura de “disponibilidad”, mientras los organismos son reconfigurados, degradados o directamente disueltos.
El INTA, históricamente reconocido por su aporte a la investigación y la innovación en el agro, es reducido a un organismo desconcentrado bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura. El INASE, clave en el control de semillas, desaparece como institución. Y el INV, central para la vitivinicultura nacional, queda convertido en una mera unidad administrativa.
Más allá de la cuestión formal, lo que se evidencia es una estrategia política de disciplinamiento: el Gobierno insiste en avanzar con su programa de recorte y reestructuración institucional incluso cuando el Congreso marca límites. El pase a disponibilidad de trabajadores de planta permanente, un derecho laboral protegido por la Constitución y los estatutos públicos, revela una interpretación laxa —y políticamente interesada— de la “modernización del Estado”, que en la práctica se traduce en despidos encubiertos y desmantelamiento de capacidades técnicas.
El impacto de esta decisión no se reduce al plano laboral. Poner en jaque al INTA, al INASE y al INV implica debilitar la capacidad del Estado para garantizar la trazabilidad, la calidad y el desarrollo productivo en áreas estratégicas de la economía argentina: la producción agropecuaria, la innovación tecnológica y la vitivinicultura. En otras palabras, se trata de un retroceso institucional que compromete tanto la soberanía alimentaria como la competitividad internacional.
La paradoja es evidente: mientras Milei promete atraer inversiones y potenciar la producción, reduce a la mínima expresión a los organismos que generan conocimiento, certifican estándares y regulan mercados claves para el desarrollo.
