El Gobierno calificó de «extorsivo» el paro de UTA
El conflicto entre el Gobierno nacional y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) escaló este lunes, luego de que la Secretaría de Transporte calificara como “extorsivo” el paro de 24 horas anunciado por el gremio para este martes 6 de mayo, que afectará al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y dejará sin servicio a millones de pasajeros.
A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo sostuvo que la medida de fuerza responde al “rechazo de un aumento del 40%” por parte del gremio, cifra que —según el Gobierno— “supera ampliamente las pautas salariales” acordadas en otros sectores. “La UTA resolvió tomar de rehenes a los pasajeros y no prestar tareas luego de meses de negociación”, denuncia el texto, marcando una postura confrontativa que anticipa una jornada marcada por la tensión.
El paro alcanzará a más de 200 líneas de colectivo, entre ellas las 103 líneas de jurisdicción nacional en el AMBA, las 31 que operan exclusivamente en la Ciudad de Buenos Aires y otras 102 que circulan en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el Gobierno aclaró que no todas las empresas acatarán la medida: tanto el grupo DOTA como Metropol —dos de los conglomerados más importantes del sector— anunciaron que sus servicios funcionarán con normalidad, lo que representa más del 50% de las unidades en circulación.
La Secretaría de Transporte advirtió que se fiscalizará el cumplimiento de los servicios mínimos exigidos por ley para el transporte público, considerado esencial. En caso de incumplimiento, las empresas podrían ser sancionadas con la quita del subsidio diario y la revisión de la habilitación para prestar el servicio. “Se intimará a las líneas a asegurar al menos el 50% de la capacidad operativa”, indicaron.
El paro ocurre en un contexto delicado: diariamente más de 4,5 millones de personas se movilizan en colectivo dentro del AMBA, generando cerca de 9 millones de viajes en unas 15.000 unidades. La paralización parcial del sistema representa un fuerte golpe al ritmo cotidiano de la región más densamente poblada del país.
Desde la UTA, el reclamo salarial apunta a una suba que eleve el salario mínimo del sector a $1.700.000, frente a los $1.200.000 actuales, y la decisión de parar se tomó tras el estancamiento de las negociaciones con los empresarios y el fracaso de la mediación por parte de la Secretaría de Trabajo.
