El Gobierno autoriza subas en biocombustibles y busca limitar el impacto en surtidores

Con esta resolución, la gestión de Javier Milei busca ganar tiempo frente a un equilibrio complejo entre la necesidad de sostener la producción energética local, evitar desabastecimientos y contener una inflación que sigue bajo presión por los ajustes tarifarios y de costos regulados.

El Gobierno de Javier Milei enfrenta un nuevo desafío en el frente energético e inflacionario tras autorizar este lunes un incremento en los precios del bioetanol y el biodiesel, los componentes esenciales en la mezcla obligatoria con las naftas y el gasoil.

La medida, formalizada mediante las resoluciones 443/2025 y 445/2025 publicadas en el Boletín Oficial, lleva la firma de la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, y se inscribe en un contexto de tensiones entre la necesidad de sostener la rentabilidad del sector productor y la urgencia de contener el impacto en los precios al consumidor.

El nuevo esquema fija el valor del bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar en 918,025 pesos por litro y el del bioetanol derivado del maíz en 841,394 pesos por litro, mientras que el biodiesel destinado a su mezcla con gasoil pasa a costar 1.688.961 pesos por tonelada. Estos ajustes responden a la actualización de costos de producción, la evolución del tipo de cambio y la búsqueda de mantener la competitividad del sector de biocombustibles, clave para las economías regionales.

Sin embargo, la decisión del Ejecutivo tuvo que ser acompañada por una medida compensatoria: una reducción transitoria del porcentaje de mezcla obligatoria de biodiesel en el gasoil, que pasa del 10 % al 7 %. Según el texto oficial, esta medida busca “morigerar el impacto” del incremento en los precios del surtidor y evitar un efecto en cadena sobre los costos logísticos y de transporte, uno de los principales motores de la inflación.

El dilema del Gobierno es evidente. Por un lado, la actualización de los precios de los biocombustibles era reclamada por el sector, que advertía sobre la pérdida de sustentabilidad productiva. Por el otro, el ajuste amenaza con trasladarse a los valores finales de los combustibles y, en consecuencia, a toda la cadena de precios. Con una inflación todavía alta y un consumo en retracción, la Secretaría de Energía intenta equilibrar la ecuación sin afectar la recaudación ni el abastecimiento.

La medida también tiene implicancias políticas. El sector agroindustrial, especialmente las provincias productoras de maíz y caña de azúcar, ven en el reajuste una señal positiva del Gobierno hacia las economías regionales, aunque advierten que la reducción del porcentaje de mezcla podría atenuar los beneficios esperados. Para los consumidores y el transporte, en cambio, la noticia refuerza la expectativa de nuevos incrementos en los surtidores en las próximas semanas, en un contexto de precios ya elevados.