El Gobierno anunció la disolución de ANDIS: reordenamiento institucional bajo sospecha y promesas de transparencia

La disolución de ANDIS aparece menos como un punto de llegada que como un movimiento de alto impacto político. La promesa de “transparencia” y “trazabilidad” deberá ser contrastada con resultados concretos, en un área especialmente sensible donde los errores del Estado no solo se miden en números, sino en la vida cotidiana de miles de personas.

El Gobierno nacional formalizó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Salud, en una decisión que combina el discurso de eficiencia administrativa con el impacto político de un escándalo aún no del todo esclarecido.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un contexto marcado por denuncias de corrupción, filtraciones de audios y la intervención directa del Poder Ejecutivo en el organismo.

Según la versión oficial, la medida venía gestándose desde hace tiempo a raíz de irregularidades detectadas en la gestión de ANDIS, que estuvo conducida por Diego Spagnuolo, exabogado del presidente Javier Milei. Sin embargo, el momento elegido para concretar su cierre —tras la difusión de audios comprometedores— abre interrogantes sobre si se trata de una reforma estructural planificada o de una respuesta política a una crisis de credibilidad.

Adorni sostuvo que la agencia, creada en 2017 como ente descentralizado para coordinar políticas públicas en discapacidad, se transformó con los años en un espacio atravesado por “descontrol administrativo”, superposición burocrática y prácticas incompatibles con la transparencia. Entre las irregularidades mencionadas se incluyen pensiones cobradas por familiares de personas fallecidas, beneficios otorgados sin respaldo documental, profesionales que avalaban trámites sin sustento clínico y organizaciones que facturaban servicios inexistentes.

El Gobierno también expuso casos paradigmáticos, como el de una fundación que declaraba brindar apoyo escolar pero funcionaba en condiciones precarias y sin infraestructura básica. Estos ejemplos fueron utilizados para justificar la eliminación de ANDIS y la absorción de sus competencias por parte del Ministerio de Salud, bajo la promesa de mayores controles, auditorías permanentes y criterios sanitarios uniformes.

No obstante, la decisión genera dudas legítimas. Si bien el Ejecutivo asegura que no se recortarán pensiones ni prestaciones, la desaparición de un organismo específico plantea el riesgo de diluir la agenda de discapacidad dentro de una estructura ministerial más amplia, históricamente tensionada por falta de recursos y múltiples prioridades. Además, el énfasis puesto en la reducción de cargos políticos —16 en total, según datos oficiales— refuerza el relato de ajuste y eficiencia, pero no despeja completamente la pregunta de fondo: cómo se garantizará que los derechos de las personas con discapacidad no queden subordinados a una lógica meramente administrativa.