El Gobierno acelera la privatización energética: arranca con la venta de ENARSA y el control de Transener
En un movimiento que marca un punto de inflexión en la política energética argentina, el Gobierno formalizó el inicio del proceso de privatización de Energía Argentina S.A. (ENARSA) con la venta de su participación en Citelec, la compañía que controla a Transener, la principal transportista eléctrica del país.
La decisión, publicada este viernes en el Boletín Oficial mediante la resolución 1050/2025, fija un plazo máximo de ocho meses para concretar la operación.
Este primer paso no es menor: Transener es un actor clave en la infraestructura eléctrica nacional. Su red de alta tensión conecta las principales regiones productivas y concentra la columna vertebral del sistema interconectado. La participación estatal en Citelec —52,65% del capital accionario de Transener— representa el último bastión público en la gestión del transporte eléctrico. El resto de las acciones pertenece a Pampa Energía, la empresa liderada por Marcelo Mindlin, uno de los empresarios más influyentes del sector.
El esquema delineado por el Poder Ejecutivo prevé un concurso público abierto a inversores nacionales e internacionales. Mientras la Agencia de Transformación de Empresas Públicas coordinará el proceso y contratará a un banco público para la valuación de las acciones, la Subsecretaría de Energía Eléctrica se encargará de la elaboración del marco legal y técnico para la licitación.
Implicancias y cuestionamientos
Aunque el Gobierno argumenta que la medida busca “modernizar” y “atraer inversiones”, el movimiento abre un debate crucial: ¿es el traspaso al capital privado la solución estructural para la infraestructura energética o un retroceso en términos de control estratégico? La venta de la participación estatal en Citelec no solo significa la pérdida de influencia sobre Transener, sino que refuerza la concentración del sector en manos de Pampa Energía, que ya ostenta un rol dominante en generación y transporte.
Otro punto crítico es la velocidad del proceso: ocho meses para concretar una operación de esta envergadura parece responder más a una necesidad fiscal inmediata que a una estrategia energética integral. La privatización parcial, sin un debate legislativo amplio ni un plan que garantice inversiones en expansión y mantenimiento, plantea riesgos sobre la regulación de tarifas y la seguridad del suministro.
El antecedente histórico tampoco es alentador. Las privatizaciones de los 90, justificadas en la eficiencia y la competencia, derivaron en mercados altamente concentrados y regulaciones débiles que, en muchos casos, condicionaron al Estado. El interrogante hoy es si esta operación repetirá ese patrón o si, efectivamente, implicará un salto cualitativo en términos de inversión y calidad de servicio.
En lo inmediato, la discusión excede lo técnico: la energía no es solo un bien económico, es un insumo estratégico para la producción y el desarrollo nacional. Renunciar al control sobre la infraestructura troncal implica redefinir el rol del Estado en un sector donde la planificación a largo plazo es vital.
