El Gobierno acelera la privatización de empresas públicas: AySA, la próxima en la lista

En un nuevo capítulo de su plan de reformas estructurales, el Gobierno nacional anunció el inicio del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), empresa pública que opera los servicios de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Según lo informado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, la operación contempla la transferencia del 90% del capital accionario al sector privado, mientras que el 10% restante permanecería en manos de los trabajadores, bajo el régimen de propiedad participada.

La iniciativa, presentada como una estrategia para “modernizar el sector y mejorar el precio y la calidad del servicio”, implica un esquema mixto: por un lado, una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico, y por otro, una oferta pública inicial de acciones. La Comisión Nacional de Valores será el organismo encargado de regular el proceso.

El argumento oficial: ineficiencia y déficit

El discurso gubernamental se apoya en una narrativa de ineficiencia estatal. Adorni afirmó que desde su reestatización en 2006, AySA demandó aportes del Tesoro por más de 13.400 millones de dólares, y denunció un “fuerte deterioro de la infraestructura”, acompañado de un incremento del 90% en la plantilla de personal y una morosidad de usuarios del 16%, cuatro veces mayor que la registrada previamente a la gestión estatal.

La crítica apunta también a los elevados costos operativos, aunque no se detallaron estudios técnicos que respalden la comparación de eficiencia entre la gestión estatal y las posibles variantes de gestión privada.

Privatización del agua: un debate de fondo

Más allá de las cifras, la privatización de un servicio esencial como el agua vuelve a encender un debate histórico en Argentina y en el mundo. En los años ’90, bajo el modelo neoliberal del menemismo, el servicio estuvo en manos de Aguas Argentinas (controlada por Suez), con resultados dispares: si bien se expandió la cobertura en ciertas áreas, también se registraron aumentos tarifarios significativos, incumplimientos contractuales, denuncias por contaminación y una fuerte resistencia social que culminó en la rescisión del contrato en 2006.

La reestatización de AySA vino de la mano del argumento de que el acceso al agua es un derecho humano y no un negocio. Ese paradigma, con altibajos y críticas propias, sostuvo una política de expansión de redes y congelamiento tarifario en varios períodos. No obstante, la falta de inversión sostenida, la inestabilidad macroeconómica y la morosidad de usuarios empujaron al deterioro de parte de la infraestructura y la creciente dependencia de subsidios.

¿Mayor eficiencia o negocio privatizado?

El anuncio del Ejecutivo no detalla cómo se garantizará la universalización del servicio en barrios vulnerables, ni cómo se evitarán subas abruptas de tarifas en un contexto de recesión y pérdida del poder adquisitivo. Tampoco se explicita qué obligaciones contractuales tendrán los futuros operadores, ni qué mecanismos de control estatal se aplicarán. En nombre de la “modernización” y la “eficiencia”, el Estado parece retirarse de una función esencial, sin asegurar que los privados puedan —o quieran— cumplir con el objetivo social que implica garantizar el acceso al agua.

Además, los trabajadores de AySA quedarían como accionistas minoritarios, pero no se ha anunciado si tendrán poder de decisión ni cómo se protegerán sus condiciones laborales ante una eventual reestructuración.

Una decisión que trasciende lo técnico

La privatización de AySA no es un hecho meramente administrativo ni técnico. Afecta derechos fundamentales, implica redefinir el rol del Estado en la provisión de bienes públicos, y toca intereses económicos de gran magnitud. En ese marco, es legítimo preguntarse si este proceso responde a un análisis integral de la situación del sector o si se inscribe, simplemente, en una hoja de ruta ideológica que privilegia el achicamiento del Estado, sin reparar en los costos sociales y los antecedentes.

La experiencia histórica y los informes internacionales sobre la privatización del agua ofrecen lecciones claras: cuando no hay una planificación rigurosa, una regulación sólida y un compromiso explícito con el interés público, el resultado suele ser el encarecimiento del servicio, la exclusión de los sectores más pobres y el abandono de zonas no rentables.

La pregunta de fondo, entonces, no es si AySA funciona bien o mal, sino si una empresa privada está en mejores condiciones de garantizar el derecho al agua sin convertirlo en una mercancía más. En ese interrogante, se juega mucho más que una licitación: se juega el modelo de país.