¿El fin de la TV Pública? Milei avanza con su cruzada contra los medios públicos y busca rematar sus terrenos

La posible eliminación de la TV Pública no es sólo un cambio de plataforma, sino una expresión del modelo político que Milei intenta consolidar: un Estado cada vez más chico, pero al servicio de los grandes intereses privados y con una ciudadanía reducida a consumidores de contenido afín. El debate que se abre no es técnico ni presupuestario: es profundamente democrático.

La televisión pública argentina podría tener los días contados. En línea con su discurso anti-Estado y su hostilidad hacia el periodismo tradicional, el presidente Javier Milei evalúa eliminar la TV Pública antes de que finalice su mandato y reemplazarla por una plataforma de streaming con contenido alineado a su visión de comunicación digital.

La propuesta, más ideológica que técnica, confirma que para el gobierno libertario el sistema de medios públicos no es un servicio esencial sino un símbolo a destruir.

Más que un cambio de formato: una embestida contra lo público

Lejos de enmarcarse como una actualización tecnológica, el plan del Ejecutivo responde a una lógica de confrontación. Milei considera que “los medios analógicos están muertos” y que insistir en sostenerlos es una “pérdida de recursos”.

Sin embargo, su discurso trasciende lo económico: apunta a deslegitimar al periodismo tradicional como actor del sistema democrático. “La gente no odia lo suficiente a estos sicarios, supuestos periodistas”, lanzó recientemente, en lo que ya se volvió un ataque sistemático contra los medios que no se alinean con su relato.

Un negocio disfrazado de ajuste

Detrás del argumento fiscalista también se asoma una oportunidad de negocios. Según fuentes cercanas a Casa Rosada, el Gobierno ya sondea compradores para los valiosos terrenos que ocupa el canal estatal sobre Avenida Figueroa Alcorta, además de otras locaciones en el conurbano bonaerense.

Nombres como Eduardo Elsztain y Eduardo Eurnekian ya suenan como interesados. De concretarse, el cierre de la TV Pública no sólo implicaría el vaciamiento de un espacio cultural y periodístico histórico, sino también una privatización encubierta de bienes del Estado.

¿Democratización o concentración del discurso?

El argumento libertario gira en torno al supuesto éxito de influencers o figuras digitales afines al oficialismo, como «el Gordo Dan» o «Carajo TV», a quienes consideran más efectivos para “llegar a la gente” que figuras del periodismo tradicional. Pero reducir la política comunicacional del Estado a una batalla de likes y retuits plantea una preocupación mayor: el reemplazo del periodismo profesional por propaganda directa.

El canal estatal, con sus defectos, cumple una función clave en la cobertura federal, la inclusión de voces diversas y el acceso gratuito a contenidos culturales, informativos y educativos. Suprimirlo, sin un debate serio ni un proyecto alternativo plural, representa un retroceso en términos de derechos comunicacionales.

Riesgo institucional

Más allá del canal, el avance de Milei contra la TV Pública forma parte de un patrón preocupante: la desarticulación deliberada de instituciones democráticas incómodas. Desde organismos de derechos humanos hasta el INCAA y la Agencia Télam, el gobierno ha mostrado que su idea de «libertad» incluye silenciar o desmantelar todo lo que no se alinee a su narrativa.