El Congreso sella el pacto UE–Mercosur y redefine el posicionamiento comercial argentino
La sanción definitiva llegó en el Senado, sobre el cierre del período de sesiones extraordinarias, con 69 votos a favor y solo 3 en contra, en una sesión marcada por tensiones políticas y una carrera simbólica por capitalizar la primacía en la ratificación regional.
El Congreso convirtió en ley el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, clausurando más de 25 años de negociaciones intermitentes y abriendo una nueva fase en la inserción internacional de la Argentina.
Los votos negativos correspondieron al bloque Justicialista, integrado por Juliana Di Tullio, Eduardo Wado de Pedro y Cristina Lopez. Sin embargo, el amplio respaldo en ambas cámaras —203 votos afirmativos en Diputados— consolidó una mayoría transversal que excede al oficialismo y otorga al tratado una fuerte legitimidad parlamentaria.
Firmado en enero de 2025, el acuerdo configura una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, integrando un mercado de más de 700 millones de personas. El texto establece la eliminación progresiva de aranceles sobre el 91% del comercio bilateral, con plazos de desgravación que pueden extenderse hasta 15 años en sectores considerados sensibles. Por el lado sudamericano, involucra a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; por el europeo, a los 27 Estados miembros del bloque.
Desde el punto de vista económico, el tratado supone una reconfiguración de incentivos productivos. El Mercosur obtiene acceso preferencial para productos agroindustriales estratégicos —como carne, azúcar y cítricos—, mientras que Europa amplía su ingreso en bienes industriales y servicios, incluidos el sector automotriz, vinos y productos químicos. Este esquema profundiza la tradicional complementariedad entre ambos bloques, pero también plantea desafíos para industrias locales expuestas a mayor competencia.
El acuerdo incorpora además capítulos sobre contratación pública, habilitando a empresas europeas a participar en licitaciones en los países del Mercosur, y disposiciones en materia de desarrollo sostenible, con compromisos ambientales y laborales vinculados al cambio climático y la deforestación. Estos puntos, que fueron objeto de controversia durante las negociaciones, funcionaron como condiciones políticas para viabilizar la aprobación europea.
