31 de mayo de 2026

El cierre de AFIP comprometerá la capacidad del organismo para combatir la evasión fiscal

La Unión del Personal Superior (UPS) de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha alzado la voz contra la reciente decisión del gobierno de Javier Milei de despedir a más de 3.100 empleados, lo que representa una reducción del 34% de la planta de trabajadores.

Julio Estévez, secretario general de la UPS, advirtió que esta medida no solo es injustificada, sino que también comprometerá la capacidad del organismo para combatir la evasión fiscal. Estévez enfatizó que la AFIP es esencial para la recaudación de impuestos y rechazó la caracterización del ente como un “organismo de gasto”.

Según él, la falta de personal dificultará la labor de control y recaudación, afirmando que “un supermercado abre más líneas de cajas si hay más compradores”. Además, subrayó la necesidad de mantener un equipo humano en lugar de confiar únicamente en herramientas tecnológicas, como la inteligencia artificial, para realizar las funciones del organismo.

En respuesta a la situación, la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) ha comenzado un plan de lucha que incluye paros de dos horas desde este miércoles hasta el viernes. Los trabajadores consideran que la disolución de la AFIP y los despidos son un “brutal avasallamiento” de sus derechos y han convocado asambleas en distintas seccionales del país.

Los dirigentes gremiales han señalado que el número de empleados en la AFIP es significativamente menor comparado con años anteriores, lo que pone en evidencia la precariedad de la situación laboral. La AEFIP ha denunciado que la decisión del gobierno carece de fundamentos sólidos y se basa en un enfoque erróneo sobre la necesidad de recursos humanos.

Mientras tanto, la comunidad de trabajadores se moviliza, con el objetivo de frenar lo que consideran un ataque a la estabilidad del empleo público, recordando que la Constitución nacional y su convenio colectivo protegen sus derechos ante despidos arbitrarios.

La situación en la AFIP se torna crítica, y las repercusiones de estas decisiones podrían afectar no solo a los empleados, sino también a la capacidad del Estado para garantizar una recaudación justa y eficaz.

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