El Banco Nacional de Datos Genéticos enfrenta su mayor crisis: el ajuste del Gobierno pone en riesgo el derecho a la identidad
En un país donde aún restan cientos de identidades por restituir, el deterioro del BNDG representa mucho más que una crisis presupuestaria: expresa una tensión profunda entre la política del ajuste y la obligación del Estado de proteger derechos que son la base misma del pacto democrático argentino.
El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), una de las instituciones más emblemáticas de la democracia argentina, atraviesa una situación crítica que amenaza con paralizar su funcionamiento.
El organismo, esencial en la búsqueda e identificación de nietos apropiados durante la última dictadura, fue dejado sin actualización presupuestaria por el gobierno de Javier Milei y sometido a una intervención de hecho a través del decreto 351, publicado a fines de mayo.
El recorte de recursos, que obliga al BNDG a operar con el presupuesto de 2023, se combina con una crisis institucional generada por la falta de conducción: durante más de un mes, el cargo de directora general técnica permaneció vacante tras el vencimiento del mandato de Mariana Herrera Piñero, designada por concurso.
La continuidad de la funcionaria se concretó recién después de que Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, impulsara un reclamo judicial ante la Justicia Federal de San Martín.
La combinación de asfixia presupuestaria e intervención administrativa generó una fuerte alarma en organismos de derechos humanos, que advierten sobre un retroceso histórico en materia de políticas de memoria y verdad. El BNDG, creado en 1987 tras años de lucha de las Abuelas, permitió hasta hoy la identificación de 140 nietos y nietas que fueron víctimas del plan sistemático de apropiación de bebés durante la dictadura.
Su continuidad es considerada un pilar del derecho a la identidad, reconocido internacionalmente como una conquista de la democracia argentina.
La falta de apoyo estatal, interpretada por referentes de derechos humanos como una decisión política, reabre el debate sobre las prioridades del Gobierno en materia de derechos fundamentales. Para las Abuelas de Plaza de Mayo, el desfinanciamiento del BNDG no es un hecho administrativo, sino un símbolo del desinterés oficial por preservar la memoria y garantizar justicia. “Sin recursos y sin respaldo, se pone en riesgo la herramienta más valiosa que tenemos para encontrar a nuestros nietos”, advirtieron.
