El ajuste en Salud deja a pacientes oncológicos atrapados entre el recorte, la burocracia y la falta de medicamentos

Para quienes atraviesan una enfermedad oncológica, esa incertidumbre no es una cuestión administrativa: puede convertirse en una demora que afecta directamente sus posibilidades de tratamiento.

El recorte del gasto público en salud durante la gestión de Javier Milei tiene una de sus expresiones más críticas en el acceso a medicamentos de alto costo para pacientes oncológicos sin cobertura.

La reducción de programas destinados a garantizar esos tratamientos comenzó a trasladar el costo de la crisis hacia quienes necesitan medicación en forma urgente y, en muchos casos, de manera permanente.

Un informe de C5N expuso testimonios de pacientes y profesionales que describen un escenario marcado por demoras, rechazos de tratamientos y dificultades para obtener drogas consideradas indispensables. El problema, según los testimonios recogidos, ya no se limita a quienes carecen de obra social: también alcanza a afiliados de obras sociales y usuarios de prepagas.

Uno de los casos relatados es el de María Matilla, paciente del Instituto Ángel H. Roffo, quien padece un tumor neuroendócrino de páncreas. Sin obra social, necesita una medicación de alto costo que puede alcanzar entre 10 y 12 millones de pesos y que debe recibir cada 28 días para contener la progresión de la enfermedad.

Matilla describió la obtención del tratamiento como un “peregrinar constante”. Según explicó, la falta de certezas sobre la entrega de la medicación la obliga a realizar gestiones permanentes y actualmente recibe un sustituto que, de acuerdo con su médico, no sería el tratamiento indicado para su cuadro.

Desde el ámbito médico también advierten sobre un cambio en las condiciones de acceso. Victoria Costanzo, integrante de la Asociación Oncológica Clínica, señaló que existe un aumento de los rechazos de prescripciones, medicamentos y tratamientos que ya cuentan con aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

La situación alcanza incluso a pacientes con cobertura privada, según el testimonio de Costanzo, quien definió el escenario como una situación sin precedentes. El problema, de este modo, no se reduce exclusivamente a la falta de recursos individuales, sino que también pone en discusión la capacidad del sistema sanitario para garantizar la continuidad de tratamientos esenciales.

El testimonio de Eduardo Castaño introduce además una dimensión todavía más dramática. Su esposa, Marité, falleció de cáncer luego de atravesar dificultades para acceder a las drogas necesarias para su tratamiento.

Castaño sostuvo que antes del actual Gobierno la entrega estaba acordada y que la interrupción se produjo en un contexto de incertidumbre sobre los precios de los medicamentos.

El impacto también se refleja en el funcionamiento del Instituto Ángel H. Roffo, uno de los principales centros especializados en oncología del país y de la región. Según el informe, la institución pasó de atender alrededor de 100.000 pacientes anuales a registrar una fuerte disminución de la demanda. La apertura de nuevas historias clínicas, que anteriormente rondaba las 30 por día, habría descendido a un máximo de cinco.

Uno de los puntos centrales de la crisis aparece en los mecanismos estatales destinados a garantizar medicamentos para pacientes con enfermedades oncológicas y patologías poco frecuentes que no cuentan con cobertura. Según el informe, la paralización o reducción del funcionamiento de áreas encargadas de esas compras modificó el esquema de provisión.

Ante la falta de cobertura directa, una de las alternativas que queda para los pacientes es recurrir a la Justicia mediante acciones de amparo. El mecanismo, sin embargo, introduce una nueva barrera: exige tiempo, asesoramiento y recursos económicos para iniciar un proceso judicial, justamente en casos en los que la demora puede tener consecuencias clínicas.

Fabiana Eichhorst, jefa de Radiología del Roffo, resumió el problema desde la perspectiva de los tiempos que impone una enfermedad oncológica: quienes no tienen dinero ni trabajo difícilmente pueden afrontar los costos derivados de un reclamo judicial, mientras que los tratamientos no siempre permiten esperar.

El cuadro expuesto revela así una de las contradicciones más sensibles del ajuste sanitario: una política orientada a reducir el gasto puede terminar trasladando los costos hacia los pacientes, sus familias, los hospitales y el sistema judicial. En el caso de la oncología, esa transferencia adquiere una gravedad particular porque la continuidad de los tratamientos no depende únicamente de la capacidad económica, sino también de la rapidez con la que se obtengan los medicamentos.

Más allá de la discusión sobre el nivel de gasto público que el Estado debe sostener, los testimonios plantean un interrogante de fondo: qué ocurre cuando el acceso a un tratamiento esencial deja de estar garantizado y pasa a depender de la capacidad de cada paciente para insistir, conseguir recursos o judicializar su reclamo.