EE.UU. impone restricciones migratorias a más de un centenar de funcionarios nicaragüenses
El Gobierno de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de medidas restrictivas que afecta el acceso a visados de más de 100 funcionarios del Gobierno de Nicaragua y sus familiares, como respuesta al fallecimiento bajo custodia del líder indígena Brooklyn Rivera, a quien Washington consideraba un preso político.
En un comunicado oficial, el Departamento de Estado señaló: «Estados Unidos no ignorará la responsabilidad de la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo en la muerte del preso político Brooklyn Rivera».
La medida se aplica en el marco de la proclama presidencial 10309, que suspende el ingreso a territorio estadounidense, como inmigrantes y no inmigrantes, a miembros del gobierno nicaragüense y a quienes implementen o se beneficien de políticas que, según Washington, debilitan las instituciones democráticasáticas.
El documento menciona de manera específica a Lumberto Campbell Hooker, exguerrillero y actual alto cargo del gobierno nicaragüense, quien ya había sido sancionado en ocasiones anteriores. Se le acusa de haber impedido que el líder indígena recibiera atención médica y de haber obstaculizado que su familia pudiera dar sepultura a sus restos.
El secretario de Estado, Marco Rubio, publicó en redes sociales: «La administración de Murillo-Ortega es enemiga de la humanidad. La Administración Trump no ignorará sus crímenes y brutalidad, incluida la responsabilidad directa en la muerte del líder opositor Brooklyn Rivera».
Con estas nuevas sanciones, la administración estadounidense eleva a más de 2.350 el número de funcionarios nicaragüenses y sus familiares afectados por restricciones migratorias, como parte de la presión que Washington mantiene contra el círculo cercano del presidente Daniel Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo.
Brooklyn Rivera, de 73 años y líder del partido indígena Yatama, fue detenido en septiembre de 2023 y falleció el 30 de mayo pasado en un hospital de Managua, donde había sido ingresado por complicaciones respiratorias.
El Departamento de Estado indicó que estas medidas buscan que los señalados rindan cuentas por presuntas violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano, y reiteró el respaldo de Washington al pueblo nicaragüense en su aspiración de una «Nicaragua libre». Al igual que en ocasiones anteriores, no se identificó a la mayoría de los sancionados por razones de privacidad, salvo el caso de Campbell Hooker.
