Ecuador aprueba ley que endurece penas para menores y genera preocupación en UNICEF
La Asamblea Nacional de Ecuador dio luz verde este martes a la Ley Orgánica de Integridad Pública, un paquete de reformas que incluye el aumento de las penas para menores de edad que cometan delitos graves, una decisión que ha generado rechazo internacional, especialmente del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Con 84 votos a favor, 62 en contra y 2 abstenciones, el pleno legislativo aprobó la normativa impulsada por el presidente Daniel Noboa, quien la calificó como una medida urgente para hacer frente a la escalada de violencia y el reclutamiento de adolescentes por parte de bandas criminales en el país.
La ley, que abarca diversos ejes relacionados con la gestión pública y la lucha contra las redes delictivas, introduce cambios en diecinueve normativas existentes. Entre sus puntos más polémicos se encuentra la imposición de penas de hasta quince años de prisión para menores de edad que sean encontrados participando en delitos relacionados con el crimen organizado.
El gobierno justifica estos cambios como una estrategia para disuadir a los jóvenes de integrarse a actividades delictivas, en medio de un incremento en las detenciones de menores: en 2022, más de 3,500 adolescentes fueron arrestados en operativos contra bandas criminales, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.
Por su parte, UNICEF expresó su preocupación ante estas reformas, calificándolas como «regresivas para el sistema penal juvenil» y advirtiendo que podrían agravar la situación del sistema penitenciario y reducir las posibilidades de reintegración social para los adolescentes. En un comunicado, la organización internacional afirmó que «medidas de este tipo no han demostrado ser efectivas para reducir la inseguridad y contravienen la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Ecuador».
Además, la ley contempla duras medidas para extranjeros expulsados, prohibiendo su retorno por hasta 40 años si han sido condenados por delitos con penas superiores a cinco años. En caso de incumplimiento, el extranjero podría ser considerado objetivo militar en un contexto de conflicto interno declarado por el mandatario.
La aprobación de la ley también otorga al presidente poderes para disolver instituciones públicas y reformar el sistema financiero, permitiendo que cooperativas de crédito pasen del sistema de economía popular al sistema financiero privado.
La normativa fue rechazada por el correísmo, principal fuerza opositora, que alertó sobre la eliminación de derechos laborales y la posible afectación a las garantías constitucionales y convenciones internacionales de Ecuador. La medida ha abierto un intenso debate sobre el balance entre seguridad y derechos humanos en el país.
