Diputados recibe la Ley Hojarasca, la nueva propuesta del Gobierno

El Gobierno Nacional presentó este lunes en el Congreso el proyecto de Ley Hojarasca, una iniciativa destinada a eliminar leyes obsoletas y restrictivas que fueron aprobadas durante gobiernos militares y gestiones de presidentes constitucionales del siglo XX. La propuesta busca promover mayores libertades para los ciudadanos y facilitar el desarrollo personal y económico en el país.

El anuncio fue realizado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien informó que se pretende derogar unas 70 leyes que incluyen normas que prohibían protestas y penalizaban la defensa de los derechos humanos en foros internacionales, así como disposiciones que imponían requisitos para los llamados «mochileros».

«La ley promueve la seguridad jurídica y remueve los obstáculos para el desarrollo personal y el conjunto del país», declaró Sturzenegger. Además, el ministro destacó que se busca eliminar regulaciones que han generado gastos innecesarios para los contribuyentes, como la creación de organismos como la Federación Argentina de Municipios.

Entre las leyes que se pretende derogar, Sturzenegger mencionó una normativa del gobierno de Juan Domingo Perón que imponía pena de prisión a quienes defendieran los derechos humanos en el extranjero. También se incluirán normas del gobierno militar de Juan Carlos Onganía que limitaban la libertad de expresión al controlar el acceso al papel de diario.

El proyecto también contempla la anulación de la ley 19.787, vigente durante el régimen de Alejandro Lanusse, que obligaba a la difusión de música considerada «adecuada» por el Estado, lo que, según Sturzenegger, constituye un ataque a la libertad de expresión.

Otra norma en la mira es la ley 20.120, que requería a los organizadores de reuniones públicas en espacios cerrados avisar con antelación y autorizaba la intervención policial. «Esto representa una violación flagrante de la libertad personal», afirmó el ministro.

Finalmente, la Ley Hojarasca incluye la derogación de la ley 20959 del gobierno de Isabel Perón, que otorgaba privilegios de circulación y estacionamiento a los legisladores, y la ley 20983 de 1975, que obligaba a los medios de comunicación a destinar un mínimo de tiempo a temas turísticos.

Con esta propuesta, el Gobierno busca avanzar en un marco legal más acorde a los principios democráticos y a las libertades individuales, en un contexto donde las normas de épocas pasadas continúan vigentes.