Despidos en el Estado: la “modernización” de Milei dejó un tendal de 52.000 trabajadores en la calle

Mientras Milei y su gabinete celebran el “ahorro” como un trofeo ideológico, el país asiste al desmantelamiento de una de sus principales herramientas de cohesión social: el Estado. Y cuando el Estado se borra, no queda libertad, como promete el discurso libertario. Lo que queda es desamparo.

La supuesta “modernización” del Estado impulsada por el presidente Javier Milei se traduce, en los hechos, en un proceso masivo de despidos que ya alcanzó a 52.000 trabajadoras y trabajadores del sector público.

Así lo reveló un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analiza datos oficiales y advierte que el ajuste no solo afecta a las estructuras administrativas, sino a áreas clave de asistencia social, ciencia, infraestructura y servicios esenciales para los sectores más vulnerables.

El dato es alarmante: entre noviembre de 2023 y marzo de 2025, la planta del Estado nacional se redujo en un 15,2%, pasando de 343.354 a 291.014 agentes. Y ese número podría incrementarse aún más con los nuevos anuncios del Gobierno, que prevé el cierre o la fusión de organismos como el INTA, el INTI, la Dirección Nacional de Vialidad y varios más. Se estima que otros 5.000 trabajadores podrían ser cesanteados en las próximas semanas.

Lo más grave es que estos despidos no son absorbidos por el mercado laboral privado, que también atraviesa una oleada de cierres y suspensiones. En consecuencia, el ajuste se transforma en un fenómeno de descomposición social: no solo se destruyen empleos, sino también las funciones públicas que esos empleos garantizaban.

El ajuste como dogma ideológico

El gobierno celebra la poda como un logro fiscal: calcula un ahorro de aproximadamente USD 2.000 millones al año. Desde el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que dirige Federico Sturzenegger, se justifica la medida argumentando que “muchos empleados eran ñoquis” o realizaban tareas “que la sociedad no valoraba”. Pero esa simplificación roza la crueldad: los organismos más afectados no son estructuras burocráticas superfluas, sino espacios claves para la atención a discapacitados, niños, jubilados y personas en situación de vulnerabilidad.

Por ejemplo, la Agencia Nacional ANDIS —dedicada a la asistencia a personas con discapacidad— sufrió un recorte del 32% de su personal, y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales fue prácticamente desmantelado, con una reducción del 64%. La ANSES, esencial para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, perdió 1.423 agentes, lo que ya impacta negativamente en la atención al público.

En paralelo, la Secretaría de Niñez y Familia despidió a 348 trabajadores desde diciembre, paralizando programas sensibles para la protección de la infancia.

Lejos de ser un recorte quirúrgico, el ajuste de Milei es una amputación sin anestesia. Se desmantela el Estado sin evaluar consecuencias, sin medir el costo humano, ni garantizar alternativas. La lógica de “achicar por achicar” puede rendir cifras en un Excel, pero deja territorios abandonados, servicios colapsados y miles de familias sin sustento.

En nombre de la eficiencia, el Gobierno degrada la calidad del empleo, desfinancia políticas públicas fundamentales y promueve un relato antipolítico que estigmatiza a todo trabajador estatal como parásito. Esa narrativa, además de falsa, legitima la exclusión social y promueve una forma de violencia institucional.

Los servicios públicos no son lujos ni privilegios: son derechos. Y detrás de cada plan, ventanilla o institución hay personas que hacen posible que esos derechos se cumplan. Reemplazar el Estado por un recorte sin estrategia no es modernización: es un retroceso civilizatorio.