Despidieron a todos los trabajadores del ex centro clandestino Virrey Cevallos
Los despidos en los sitios de memoria son una señal preocupante de un giro en la política de derechos humanos del país. Mientras la lucha por la memoria continúa, muchos se preguntan qué futuro les espera a estos espacios que fueron fundamentales en la construcción de un presente más justo y consciente de su pasado.
La reciente política de recortes impulsada por la administración de La Libertad Avanza ha dejado una profunda huella en los sitios de memoria de la ciudad, especialmente en el ex centro clandestino de detención Virrey Cevallos y en el ex Olimpo.
En un contexto de creciente preocupación por la preservación de la memoria histórica, la Secretaría de Derechos Humanos, liderada por Alberto Baños, ha decidido despedir a la totalidad del personal que aún trabajaba en el ex Virrey Cevallos, vaciando completamente el espacio que, desde su recuperación en 2004, ha sido un símbolo de lucha por la justicia y los derechos humanos.
Raúl Ricardo Del Valle, uno de los trabajadores cesanteados del ex Virrey Cevallos, expresó su indignación ante la situación: “Lo que el Gobierno quiere es que dejemos de contar lo que sucedió en esos años, pero no queremos dar el brazo a torcer”. Este sentimiento es compartido por muchos de sus ex compañeros, quienes veían en su labor un compromiso con la memoria y la verdad.
El ex Virrey Cevallos, que funcionó como un centro de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura militar, quedó sin personal con contrato vigente a fines de diciembre, cuando fueron despedidos los últimos cinco trabajadores que quedaban. La decisión de no renovar los contratos bajo el “Artículo 9” y la presión para aceptar retiros voluntarios han sido parte de un ajuste que afecta especialmente a quienes trabajan en la preservación de la memoria histórica.
Por su parte, en el ex Olimpo, la situación es igualmente alarmante. De los aproximadamente 20 trabajadores que había al inicio de la presidencia de Javier Milei, solo quedan siete con contratos vigentes. Este vaciamiento ha generado un clima de incertidumbre y desolación entre los defensores de los derechos humanos, quienes ven cómo espacios que antes eran bastiones de la memoria se quedan sin voz ni personal que los defienda.
La lucha por la memoria y la justicia en Argentina ha sido un pilar fundamental en la recuperación post-dictadura. La decisión de despedir a los trabajadores de estos espacios no solo afecta a los empleados y sus familias, sino que también amenaza con hacer desaparecer el relato de lo que ocurrió en esos años oscuros de la historia nacional.
Organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas de la dictadura han comenzado a manifestar su rechazo a estas medidas, advirtiendo que este tipo de políticas pueden llevar a un “borrado” de la memoria colectiva. “Es un ataque directo a la verdad y la justicia. No podemos permitir que se silencien nuestras voces”, concluyó Del Valle.
