Desbarataron una operación de acopio ilegal, procesamiento y venta de envases fitotóxicos
Funcionaba en un establecimento de Los Juríes. Las autoridades secuestraron alrededor de 100 mil recipientes clasificados según la peligrosidad para la salud y el daño al medio ambiente de su contenido, en los niveles 2, 3 y 4. Estos recipientes eran triturados y luego comercializado a empresas de otras provincias.

Durante un operativo conjunto realizado por la Dirección General de Policía Ambiental Rural; la Dirección General de Agricultura; la Subsecretaría de Medio Ambiente y la Comisaría Comunitaria N°48, se logró ubicar y desarticular un centro clandestino de acopio de envases fitosanitarios en el departamento Taboada.
El procedimiento había sido solicitado por el Ministerio de Producción con el objetivo de prevenir graves daños a la salud pública y al medio ambiente, lo que llevó a realizar exhaustivas investigaciones que decantaron en el secuestro de 100 mil unidades de almacenamiento que presentaban etiquetas con bandas amarillas, azules y verdes según el grado de toxicidad de su contenido.
La comisión se hizo presente en un establecimiento ubicado sobre Ruta Provincial N°7, en Los Juríes, departamento Taboada, donde procedió al allanamiento y secuestro de envases fitosanitarios y elementos relacionados.
En el lugar se entrevistaron con el propietario y le exhibieron el oficio judicial correspondiente que ordenaba la medida y se constató que allí se trituraban y procesaban en dos galpones, los envases para su posterior comercialización, enviándolos a empresas de otras provincias, en infracción de la ley 27.279.

En tal sentido, la misma establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios.
El procedimiento, destaca la importancia de las acciones preventivas llevadas a cabo debido a los potenciales daños a la salud y al medio ambiente. Las actuaciones fueron llevadas a cabo por el fiscal Ezequiel Bustamante de la Circunscripción Añatuya, con la anuencia de la Jueza Dra. Ana Ruiz González.
Este operativo subraya el compromiso de las autoridades y resalta la necesidad de continuar con esfuerzos conjuntos para erradicar actividades que pongan en riesgo la seguridad de la comunidad y la preservación ecológica.
