Desamparo social: El Gobierno vetó la emergencia por inundaciones en Bahía Blanca
El gobierno de Javier Milei vetó el proyecto de ley que declaraba la emergencia en Bahía Blanca tras las devastadoras inundaciones que dejaron 16 muertos y arrasaron con infraestructura básica en esa ciudad del sur bonaerense. La norma había sido impulsada por Unión por la Patria y aprobada con un contundente respaldo de 196 votos en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, el Ejecutivo optó por desecharla bajo el argumento de que ya había implementado las medidas necesarias, según el Decreto 424/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial.
El rechazo presidencial no solo pone en tela de juicio el compromiso del Gobierno con los afectados, sino que expone una vez más la distancia creciente entre la administración libertaria y las urgencias de la ciudadanía.
El proyecto vetado contemplaba declarar la emergencia durante 180 días y asignar $200 millones para subsidios, créditos para reconstrucción, reparación de viviendas, restitución de servicios públicos y reactivación económica. Es decir, una respuesta integral a un desastre que dejó secuelas humanas y materiales difíciles de cuantificar.
El Gobierno, en cambio, prefirió enumerar en el decreto sus propias acciones, sin precisar ni montos ni resultados concretos, como si la existencia de algunas medidas aisladas invalidara el sentido de una política estructurada de emergencia. Este veto, más allá de su forma técnica, representa un acto político: deslegitimar cualquier iniciativa que no provenga del oficialismo, incluso si esta tiene un consenso parlamentario abrumador y responde a una tragedia concreta.
Resulta llamativo que un gobierno que promueve la eficiencia del gasto y la reducción del Estado no considere pertinente focalizar recursos públicos frente a una catástrofe natural que afectó a miles de familias. También llama la atención la rapidez con la que el Ejecutivo cierra la puerta a propuestas de reconstrucción, mientras su propio accionar sigue siendo opaco y escasamente fiscalizado en materia de emergencias.
El veto no solo paraliza el desembolso de fondos esenciales, sino que envía un mensaje político preocupante: en la Argentina de Milei, la prioridad parece ser la confrontación ideológica antes que la asistencia concreta. En un contexto de crisis climática, ajuste económico y deterioro social, esta decisión agudiza el sentimiento de abandono en territorios que hoy necesitan, más que discursos o decretos, respuestas inmediatas y efectivas.
