Denuncian que la nueva regulación del empleo público es para el ingreso de militantes de LLA
Estas afirmaciones surgen tras la firma de decretos por parte del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que modifican las pautas de contratación de empleados estatales.
La reciente implementación del nuevo régimen de empleo público ha encendido un fuerte debate en el ámbito estatal, con críticas que apuntan a una «hendija abierta» que el Gobierno ha dejado para facilitar el ingreso de «militantes libertarios» a la Administración Pública.
Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), expresó su descontento, afirmando: «Tuvieron la oportunidad pero no se animaron a establecer el ingreso al Estado por concurso». Los nuevos lineamientos, según Aguiar, no eliminan el poder discrecional que tienen los altos funcionarios para decidir sobre las incorporaciones al sector público.
El nuevo esquema incluye restricciones significativas, como la aprobación de cada incorporación por parte del ministerio de Sturzenegger y la exigencia de que los nuevos ingresantes aprueben un examen de idoneidad. Sin embargo, Aguiar sostiene que esta normativa no garantiza que los candidatos seleccionados sean los más capacitados. «Se aseguraron de dejar una hendija abierta para que puedan entrar al Estado los trolls y militantes libertarios», enfatizó.
El Decreto 1149/24, que estipula la contratación anual de trabajadores que aprobaron la Evaluación General de Conocimientos y Competencias en diciembre, fue visto como un avance por parte de ATE, aunque no sin reservas. Aguiar reconoció que, tras un periodo de «fraude laboral gigantesco» y una creciente precarización del empleo, esta medida representa una respuesta a las demandas planteadas por el sindicato al Ejecutivo.
El dirigente sindical también hizo hincapié en la necesidad de garantizar la estabilidad laboral en el sector público, demandando que se incorpore a la planta permanente a más de 57 mil trabajadores que han sido contratados bajo diversas modalidades a lo largo de los años. «Sin estabilidad, sin salarios dignos de los trabajadores estatales y sin la inversión presupuestaria necesaria en todas las áreas públicas, no hay derechos para nuestro pueblo, especialmente para las franjas sociales más vulnerables», concluyó Aguiar.
La controversia en torno al nuevo régimen de empleo público pone de relieve las tensiones entre el Gobierno y los sindicatos, en un contexto donde la calidad y la estabilidad del empleo estatal se convierten en temas cruciales para el futuro del sector. La implementación de estas medidas será observada de cerca por los trabajadores y la sociedad en general, en busca de asegurar que el acceso a la administración pública responda a criterios de idoneidad y justicia.
