Denuncian apriete de Pettovello a estatales para fiscalizar a favor de La Libertad Avanza
Esta declaración resalta la preocupación por la instrumentalización de la planta estatal, una práctica que, de confirmarse, minaría la imparcialidad requerida para el ejercicio de la función pública y confirmaría las sospechas de un uso faccioso de la administración en el contexto electoral.
La administración de Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, se encuentra bajo un manto de controversia tras la denuncia formalizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Capital).
El sindicato acusa al Gobierno Nacional de ejercer presión sobre los empleados públicos a través de la circulación de un formulario, con el objetivo de reclutarlos como fiscales de La Libertad Avanza para las próximas elecciones.
Este movimiento, según ATE, representa un «apriete ilegal» y una violación a la neutralidad del Estado, buscando compensar una supuesta «falta de militancia propia».
El centro del análisis radica en la flagrante contradicción entre la acción denunciada y la normativa interna establecida por el propio Gobierno: la disposición 1084/2024. Dicha legislación, que anteriormente había generado polémica al ordenar el retiro de simbología partidaria de edificios públicos (como los bustos de Evita), buscaba explícitamente «preservar la neutralidad del Estado y evitar el uso de recursos públicos para fines partidarios o personales».
La supuesta solicitud de fiscalización a los estatales, por lo tanto, no solo contraviene el espíritu de la norma, sino que la deslegitima al utilizar la estructura y la relación jerárquica del Estado para fines netamente electorales del partido de Gobierno.
La respuesta de ATE Capital es categórica y enmarca el debate en la distinción fundamental entre el servicio público y la obediencia política: «Le recordamos al presidente y la ministra que nosotros y nosotras trabajamos para el Estado, no para el Gobierno».
