Denuncian a la esposa de Adorni por presuntos vínculos de su consultora con empresas ligadas al Estado
Ahora será la Justicia federal la que deberá determinar si las relaciones comerciales mencionadas responden a actividades privadas legítimas o si, por el contrario, configuran un caso de conflicto de intereses o irregularidades en la interacción entre negocios privados y administración pública.
Una nueva denuncia judicial volvió a colocar bajo escrutinio al entorno del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La diputada nacional Marcela Pagano presentó una acusación ante la Justicia federal que apunta a las actividades empresariales de Bettina Julieta Angeletti, esposa del funcionario y titular de la consultora +BE, por supuestos vínculos comerciales con compañías que mantienen relaciones contractuales con el Estado, según consignó la Agencia NA.
El expediente quedó radicado en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo y plantea la posible existencia de conflictos de intereses derivados de un entramado de relaciones comerciales entre empresas privadas y organismos públicos bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
Un presunto circuito de negocios
El núcleo de la denuncia describe lo que la legisladora define como un “circuito triangular de flujos económicos” que involucraría a la petrolera estatal YPF, la empresa naviera National Shipping SA y la consultora +BE.
Según la presentación judicial, la naviera —controlada por la familia Virasoro— mantiene desde hace años contratos con YPF para el transporte de hidrocarburos. En ese contexto, la consultora de Angeletti habría brindado capacitaciones a directivos de la compañía en tres oportunidades entre 2024 y 2025, por un monto total cercano a los 6,37 millones de pesos.
Para Pagano, ese vínculo comercial podría representar un mecanismo indirecto mediante el cual empresas que trabajan con el Estado terminan canalizando pagos hacia el entorno familiar de un funcionario con capacidad de incidencia institucional. Sin embargo, desde National Shipping remarcaron que su relación contractual con YPF se remonta a casi tres décadas y que Adorni recién fue designado director de la petrolera estatal en enero de 2026, es decir, después de las capacitaciones cuestionadas.
La licitación de Tecnópolis
Otro capítulo de la denuncia se centra en la futura concesión del predio de Tecnópolis, un proceso licitatorio valuado en unos 183.000 millones de pesos para la explotación del espacio durante 25 años. El proceso está bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete.
Entre las empresas que avanzaron en la preselección aparece DirecTV Argentina, asociada al Grupo Foggia, del empresario Marcelo Dionisio. De acuerdo con la denuncia, ese grupo también habría contratado servicios de la consultora +BE, lo que —según la acusación— podría configurar otro posible escenario de conflicto de intereses.
El expediente también menciona a Mara Natalia Gorini, asesora de la Secretaría General de la Presidencia que conduce Karina Milei y pareja de Dionisio. Gorini fue directora del Grupo Foggia hasta 2024 y, según la denuncia, seguiría vinculada a la compañía como apoderada.
Empresas proveedoras del Estado
La presentación judicial amplía el foco hacia otros presuntos clientes de la consultora de Angeletti. Entre ellos figura el Grupo Datco, una empresa tecnológica que presta servicios a múltiples organismos estatales.
Entre las entidades públicas mencionadas en la denuncia aparecen Banco Central de la República Argentina, AySA, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y Trenes Argentinos. Para la denunciante, estos vínculos reforzarían la hipótesis de una red de relaciones comerciales entre la consultora y proveedores del Estado.
Licitaciones de comunicación oficial
Otro punto bajo sospecha son las licitaciones para el envío masivo de SMS y correos electrónicos oficiales, impulsadas durante la gestión de Adorni como secretario de Comunicación. Según el escrito, una de esas adjudicaciones superó los 3.650 millones de pesos y tuvo como beneficiarias a las empresas ATX SA y Area Tech SA.
La denuncia sostiene que ambas compañías podrían estar vinculadas entre sí y menciona la relación laboral previa entre Pablo Javier Casal, presidente de Area Tech, y Rubén Santiago Ward, titular de ATX. Además, las firmas tendrían conexiones con Lugalu SA y compartirían domicilio en el barrio porteño de Parque Patricios.
El expediente también menciona posibles lazos societarios entre Tsoft Informática SAS y Tecnosoftware SA, lo que —según la denuncia— podría haber derivado en un esquema de competencia simulada en procesos licitatorios.
Investigación patrimonial
La diputada solicitó además que se investigue la evolución patrimonial de Adorni. Según la presentación, el salario del funcionario se mantendría en niveles similares a los de 2023, mientras que su patrimonio habría experimentado un incremento que, a juicio de la denunciante, debería ser examinado.
El escrito también menciona la existencia de deudas con acreedores privados, algunos de ellos vinculados al entorno familiar del funcionario.
En su planteo, Pagano comparó el esquema investigado con las causas Hotesur y Los Sauces, expedientes en los que la Justicia analizó presuntos circuitos de pagos entre empresas contratistas del Estado y estructuras empresariales familiares.
