Denuncia contra diputada libertaria por intento de manipulación para impulsar las SAD
La denuncia, que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 6, acusa a Santillán de los delitos de «abuso de autoridad» y «violación de los deberes de funcionario público». Según Del Gaiso, Santillán, al desempeñarse como diputada, «habría utilizado su cargo para presionar a un dirigente futbolístico con fines políticos y económicos, actuando en beneficio de intereses privados y no en favor del bien público».

El legislador porteño Facundo Del Gaiso presentó una denuncia ante la Justicia Federal contra la diputada Juliana Santillán, de La Libertad Avanza, tras la filtración de un audio en el que la legisladora intentaba convencer a un dirigente del club de fútbol Bancruz, de Río Gallegos, a modificar la personería jurídica de su club con el fin de facilitar el avance de un proyecto impulsado por el Gobierno para crear Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino.
El audio, que causó un gran revuelo en el ámbito político y deportivo, fue enviado por la diputada a un dirigente de Bancruz, un club de Santa Cruz. En el mensaje, Santillán le propone al dirigente que cambie la personería jurídica del club para permitir la conversión a una Sociedad Anónima Deportiva, lo que le permitiría al club recibir inversiones extranjeras. La diputada asegura en el audio que tiene el apoyo de figuras clave del Gobierno, como el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y el director de la Inspección General de Justicia (IGJ), Roque Vítolo, para avanzar con la medida.
Lo que hace aún más polémica esta denuncia es la vinculación de Santillán con el empresario Guillermo Tofoni, quien es uno de los principales impulsores de las SAD en el fútbol argentino. Tofoni, quien fue el responsable de la gestión de los derechos de los amistosos de la Selección Argentina en años anteriores, está directamente involucrado en los esfuerzos para privatizar clubes de fútbol bajo esta nueva figura legal.
En el mensaje filtrado, Santillán explica que la «necesidad» de impulsar las SAD es una directiva del presidente Javier Milei, y subraya que el Gobierno está trabajando en esta iniciativa para dar un paso hacia la privatización de los clubes, lo que permitiría una mayor inversión extranjera en el deporte.
Repercusiones políticas y deportivas
La denuncia de Del Gaiso ha provocado un fuerte debate en la política y en el mundo del fútbol. Para el legislador de la Coalición Cívica, Santillán debe «responder como autora penalmente responsable» por sus acciones, ya que, según él, su comportamiento viola principios fundamentales de la ética política y el ejercicio de funciones públicas.
El Código Penal de la Nación establece que el «abuso de autoridad» se comete cuando un funcionario público dicta resoluciones o ejecuta órdenes que van en contra de las leyes y constituciones nacionales. En este caso, Del Gaiso sostiene que la acción de Santillán al tratar de manipular la estructura jurídica de un club privado para favorecer un proyecto político del Gobierno representa un abuso de poder y una violación de sus deberes como legisladora.
El escándalo también ha reavivado la controversia en torno al proyecto de las Sociedades Anónimas Deportivas, una medida que propone transformar a los clubes de fútbol en empresas privadas con la posibilidad de atraer inversores externos. Mientras que algunos consideran que esta iniciativa podría ayudar a modernizar y financiar a los clubes, muchos otros la rechazan, argumentando que pone en riesgo la identidad y la tradición del fútbol argentino, al ponerlo bajo el control de intereses privados.
La respuesta de Santillán
Hasta el momento, la diputada Juliana Santillán no ha hecho declaraciones oficiales sobre la denuncia ni sobre el contenido del audio filtrado. Sin embargo, los allegados a la legisladora han indicado que las conversaciones que se escuchan en el audio son parte de una «gestión política legítima» y que no hubo intento alguno de manipular o presionar a los dirigentes del fútbol.
Por su parte, la insistencia del presidente Javier Milei en avanzar con el proyecto de las SAD y la fuerte presencia de Tofoni como impulsor de la idea continúan generando división dentro del ámbito político y deportivo. Si bien la iniciativa podría ser vista como una forma de atraer capitales al fútbol argentino, su implementación no está exenta de controversias, especialmente cuando se trata de manipular o forzar la estructura interna de los clubes.
El futuro del caso
La denuncia está en manos de la Justicia Federal, que deberá determinar si las acusaciones de «abuso de autoridad» y «violación de los deberes de funcionario público» contra Santillán tienen fundamentos suficientes para avanzar. Mientras tanto, el debate sobre las Sociedades Anónimas Deportivas y la posible privatización de los clubes de fútbol continuará siendo un tema de fuerte discusión en la política argentina.
Este escándalo ha puesto de manifiesto las tensiones entre la política, el deporte y los intereses privados en el fútbol, y deja en evidencia cómo las figuras públicas pueden utilizar sus cargos para influir en decisiones clave que afectan a instituciones deportivas y su relación con el poder político.
