Cristina Kirchner pidió autorización a la Justicia para recibir a Lula
En un movimiento que despierta tanto lecturas políticas como jurídicas, la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó al Tribunal Oral Federal 2 la autorización para que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pueda visitarla en el departamento del barrio de Constitución donde cumple arresto domiciliario por su condena de seis años en la causa Vialidad.
El escrito, firmado por el abogado Carlos Beraldi, busca habilitar el encuentro en el domicilio de San José 1111, en momentos en que Lula visitará Argentina para participar de la Cumbre del Mercosur y recibir la presidencia pro témpore de manos de Javier Milei.
La solicitud, confirmada por el juez Jorge Gorini, deberá ser evaluada por el tribunal integrado además por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes deberán resolver si el mandatario extranjero puede ingresar al lugar de detención de la ex vicepresidenta.
La escena proyecta un mensaje de alto voltaje político. Mientras cumple una condena por corrupción pública, la ex presidenta se dispone a recibir al jefe de Estado de una de las mayores potencias regionales, con quien mantiene lazos históricos y afinidades ideológicas. Para el kirchnerismo, Lula simboliza no solo un aliado estratégico, sino también una figura de validación internacional frente a los cuestionamientos judiciales que arrastra desde hace años la expresidenta.
El contexto es aún más sensible: Lula arribará a Buenos Aires en medio de tensiones diplomáticas con Javier Milei y un Mercosur fragmentado por diferencias ideológicas. En ese marco, un eventual encuentro privado con Cristina Kirchner puede leerse como un gesto político de respaldo hacia su figura, justo cuando la ex mandataria sigue sosteniendo que su condena responde a una “persecución judicial” y no a delitos comprobados.
Más allá de las formalidades judiciales, el pedido de la defensa vuelve a poner sobre la mesa la convivencia entre las instituciones republicanas —encargadas de garantizar el cumplimiento de una condena firme— y el peso simbólico que conserva el liderazgo político de Cristina Kirchner, aún tras su retiro formal de la vida pública.
La decisión ahora está en manos del tribunal, que deberá definir si hace prevalecer estrictamente las restricciones de la prisión domiciliaria o habilita un gesto de cortesía diplomática con potenciales derivaciones políticas. En definitiva, el caso vuelve a demostrar cómo las fronteras entre la Justicia, la diplomacia y la política argentina siguen siendo difusas, especialmente cuando se trata de figuras de peso histórico como Cristina Kirchner y Lula da Silva.
