Crisis en Altatex: la empresa textil de la familia de Juliana Awada pagará solo el 70% de los salarios
El caso de Altatex expone así las tensiones estructurales de la industria textil argentina: inversión millonaria y expansión productiva que coexisten con medidas que precarizan el salario y los derechos laborales, dejando en evidencia el delicado equilibrio entre la rentabilidad empresarial y la estabilidad del empleo.
El Grupo Altatex, una de las mayores empresas textiles de Argentina vinculada a la familia de Juliana Awada, anunció que abonará únicamente el 70% de los salarios correspondientes a febrero, marzo y abril bajo la figura de pago no remunerativo.
La medida, que ya fue homologada por las autoridades gubernamentales, afecta a trabajadores representados por los sindicatos Unión Cortadores de la Indumentaria (UCI), Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines de la República Argentina (SETIA) y Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA).
El porcentaje retenido no será computado para aportes ni contribuciones a la seguridad social, generando preocupación sobre las consecuencias para los derechos laborales y jubilatorios de los empleados. La decisión se enmarca en una crisis que la compañía atribuye a la caída del consumo y la competencia de productos importados, pese a que el grupo invirtió más de 10 millones de dólares en una nueva planta en Tigre el año pasado con planes de producir más de 10 millones de prendas al año.
Resulta paradójico que Daniel Awada, hermano de Juliana y presidente de la empresa, haya manifestado públicamente su respaldo a la apertura de importaciones como herramienta para regular precios locales, una política que, según los críticos, contribuye indirectamente a la presión sobre las industrias nacionales.
El recurso adoptado por Altatex se sustenta legalmente en el Decreto 633/2018, que habilita a los empleadores a reducir cargas patronales en contextos de crisis económica comprobable ante la Secretaría de Trabajo, e incluso puede integrarse dentro de un Procedimiento Preventivo de Crisis.
Especialistas del sector advierten que este tipo de medidas, aunque legalmente válidas, suele ser un paso previo a la reducción de personal. “El empleador baja las cargas para poder pagar salarios, pero es una señal clara de que los despidos pueden estar próximos”, explicó un abogado laboralista con experiencia en la industria textil.
En el marco de la contracción del sector, otras alternativas suelen incluir adelantos de vacaciones, suspensiones de turnos o interrupciones temporales de la producción, opciones que Altatex por ahora no aplicó. Sin embargo, la medida adoptada ya plantea un escenario complejo: trabajadores que reciben menos de lo acordado y sin cobertura social, mientras la empresa enfrenta dificultades para sostener su actividad frente a un mercado cada vez más competitivo.
