Crece el escándalo en el PAMI: una licitación exprés eleva un 20% el costo de los pañales

El PAMI, la obra social de jubilados y pensionados, vuelve a estar en el centro de la polémica tras adjudicar por vía exprés una licitación de pañales por u$s450 millones, lo que representa un aumento del 20% en el precio respecto al esquema anterior.

La operación, que lleva la firma del titular del organismo, Esteban Leguizamo, fue denunciada por su opacidad, los escasos tiempos de presentación para las empresas oferentes y un posible deterioro en la calidad del producto entregado a los afiliados.

La controversia no solo es técnica y financiera. También se inscribe en el marco de una interna creciente dentro de La Libertad Avanza, el espacio político gobernante, que ya venía acumulando sospechas por presuntos «negociados» dentro del PAMI y otras áreas del Estado.

Precios más altos, calidad inferior y tiempos sospechosos

La licitación, revelada por el medio Ámbito, fue lanzada el 14 de abril, y con la apertura de sobres realizada el 25 del mismo mes, dejó apenas seis días hábiles para que las empresas prepararan sus ofertas, en plena Semana Santa. De los cuatro oferentes iniciales, tres presentaron quejas formales señalando que no lograron cotizar por los plazos restringidos.

Lo más grave, señalan expertos y fuentes cercanas al proceso, es que la licitación no solo implicó un costo mayor para el Estado, sino una baja en la calidad del producto que recibirán millones de afiliados: pañales más livianos, con menos capacidad de absorción y materiales de menor calidad.

La sospecha apunta a que los cambios en las especificaciones técnicas buscan favorecer a proveedores que utilizan productos importados, más livianos y fáciles de distribuir, lo que reduce el costo logístico (se estima que se movilizan unos 150 camiones por mes), pero no el costo final: el nuevo contrato implica más de $13.000 millones mensuales, frente a los $11.000 millones del convenio anterior.

Denuncias internas y descontrol administrativo

Funcionarios nombrados por el presidente Javier Milei ya venían alertando sobre abusos sistemáticos en el mecanismo de compras sin licitación dentro del PAMI, con supuestos sobrecostos de hasta 700%, justificados bajo la excusa del riesgo de vida de los pacientes.

La licitación actual, por su parte, también introduce un elemento inusual: el organismo pagará por adelantado el 3% del total del convenio, un procedimiento fuera de lo común en el Estado y que aumenta las sospechas sobre la transparencia del acuerdo.

Un nuevo frente de crisis para el Gobierno

Este escándalo amenaza con convertirse en un nuevo dolor de cabeza para la administración de Milei, que busca mostrar austeridad y lucha contra la corrupción, pero que enfrenta fisuras internas y un creciente malestar social por los recortes en áreas sensibles como salud y asistencia a jubilados.

La adjudicación del contrato millonario en condiciones poco claras y con presuntas irregularidades técnicas refuerza las críticas hacia la gestión del PAMI, una de las estructuras más grandes del Estado y el tercer gasto más importante después de medicamentos e internaciones.