Condenas suspendidas a prueba y consecuencia de su incumplimiento

En estos casos puntuales, será el autor del hecho criminoso, el responsable de dar cumplimiento a su condena, pero ¿qué ocurre cuando esto se incumple?

La comisión de hechos ilícitos, generan múltiples consecuencias legales, las cuales pueden variar tomando en cuenta la gravedad de la acción y generando condenas que van desde prisión, reclusión como las más graves; hasta condenas en suspenso como trabajo comunitario, el sometimiento a tratamientos médicos para rehabilitación de adicciones o tratamientos psicológicos y demás.

En este marco, el vocal del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, Dr. Alfredo Pérez Gallardo manifestó que, “cuando se plantean estos casos, es importante analizar el tipo de delito llevado a cabo por la persona acusada y si este no impulsa la implementación de una pena privativa, entonces estaremos hablando de lo que legalmente se conoce como delitos menores en relación a los cuales, existen muchas alternativas generadas por el nuevo Sistema Penal Acusatorio implementado en nuestra provincia”.

“Ese nuevo sistema, cambió el paradigma de juzgamiento y surgió lo que se conoce como `el Principio de Oportunidad´, el cual plantea la adopción de otros tipos de medidas en caso de delitos menores, destinadas a buscar una opción alternativa a la tradicional sanción, en búsqueda de la solución del conflicto, disponiendo los procesos de enjuiciamiento para casos severos y evitando la superpoblación de las instituciones penitenciarias”.

“A través de estas medidas, continuó, se busca promover procesos de recuperación de las personas sin necesidad de encarcelados, salvo que las circunstancias evidencian que la medida privativa de libertad sea menester”.

En este marco, el magistrado manifestó que entre aquellas medidas, encontramos la probation que es la suspensión de juicio a prueba y donde veremos casos como accidentes de tránsito, en los que en vez de enjuiciar al responsable, se lo condena a cumplir con trabajos comunitarios (sea atender un comedor, ir a hacer limpieza en una iglesia, entre otras) que beneficien a la comunidad; la asistencia a cursos de convivencia ciudadana, tendiente a promover una efectiva resocialización; cursos de seguridad vial, entre otras.

Medidas similares pueden ser aplicadas en delitos de hurto, los cuales muchas veces son impulsados por el desmedido consumo de estupefacientes, a lo cual se suele imponer la obligación de someterse a tratamientos de desintoxicación, rehabilitación y tratamientos psicológicos.

En casos de violencia de género, como disposición preventiva, suele imponerse medidas de prohibición de acercamiento y contacto, a la par de tratamientos psicológicos tanto para el que incurre en el delito, como para la parte damnificada, sometiendo estas medidas a un estricto control policial y judicial.

“Lo importante en estos casos es comprender que estas medidas alternativas, buscan generar procesos de educación y contención con un objetivo claro, que es la recuperación y resocialización de las personas que incurren en hechos delictivos, dándoles la posibilidad de que este proceso tenga lugar sin necesidad de ser privadas de su libertad, ya que está comprobado que la inserción en instituciones penitenciarias, suele generar efectos adversos en estos individuos”, explicó el Dr. Perez Gallardo.

Por tal motivo, una vez que el juez dictó la pena y se fijaron las medidas, éstas serán sometidas a un estricto control de cumplimiento por parte Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas (OMAS); organismo que cuenta con profesionales capacitado como trabajadores sociales, psicólogos y abogados que evaluaran si la medida no solo se cumple, sino también si se lo hace de la forma adecuada; lo que será comunicado periódicamente al juez interviniente en la causa.

“En caso del incumplimiento de estas medidas, si se trata de una probation, se suspende la condición de prueba y se retomará el proceso de enjuiciamiento; mientras que en los casos de condenas condicionales, las penas se volverán de cumplimiento efectivo”, finalizó el profesional.

Es a través de estas medidas, que la justicia provincial, asegura el eficiente cumplimiento de la legislación y consecuentemente asegura la protección del orden público, dentro de la sociedad.