Con cruces entre la oposición y el oficialismo, Diputados aprobaron la reforma laboral

La Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral impulsada por el Gobierno tras una sesión atravesada por cruces reglamentarios, acusaciones de inconstitucionalidad y fuertes cuestionamientos políticos.

El debate se dio, además, en simultáneo con el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), lo que añadió presión social y sindical al tratamiento legislativo.

Para garantizar la mayoría necesaria, el oficialismo aceptó retirar el polémico artículo 44, que habilitaba el descuento de hasta el 50% del salario por enfermedad.

La eliminación de ese punto fue clave para asegurar apoyos en comisión y permitió destrabar resistencias dentro de bloques dialoguistas.

El resto del texto se mantuvo sin cambios respecto de la versión aprobada en el Senado, consolidando la estrategia del Gobierno de preservar el núcleo estructural de la reforma aun a costa de concesiones parciales.

Una sesión atravesada por la disputa política

El trámite parlamentario estuvo lejos de ser lineal. Un intento de la oposición de devolver el proyecto a comisión fue rechazado tras una votación ajustada, luego de que el presidente de la Cámara, Martín Menem, debiera convocar a legisladores ausentes para reunir el quórum reglamentario.

En respuesta, el oficialismo impulsó una moción para acotar la lista de oradores, lo que fue interpretado como un gesto de disciplinamiento del debate. Finalmente, tras negociaciones cruzadas, se restableció la lista completa y la votación se fijó para la noche.

El intercambio verbal reflejó la profundidad de la grieta en torno al modelo laboral. Desde Unión por la Patria, Máximo Kirchner advirtió que la norma “va a fracasar” y que ampliará la asimetría entre empleadores y trabajadores.

Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, puso el foco en el impacto de la flexibilización sobre las mujeres, especialmente por la introducción del banco de horas. Legisladores peronistas denunciaron que la reforma vulnera el artículo 14 bis de la Constitución y anticiparon judicializaciones.

En contraste, el PRO defendió la iniciativa como un paso necesario para dinamizar el mercado laboral y reducir la litigiosidad. Fernando de Andreis sostuvo que la ley no generará empleo “mágicamente”, pero la consideró un punto de partida que debería complementarse con una reforma tributaria.

Martín Ardohain reivindicó el debate parlamentario frente a las protestas en la calle, subrayando que “la diferencia se hace adentro”.

El trasfondo: modelo sindical y redistribución

Más allá de los artículos específicos —como la extensión del período de prueba, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) o la derogación de estatutos sectoriales—, el debate expuso una disputa más profunda sobre el modelo sindical y la concepción del trabajo.

Nicolás Massot alertó que la reforma “rompe la simetría” entre capital y trabajo y cuestionó que se plantee en términos de “todo o nada”. Desde el oficialismo, en cambio, se argumenta que la desintermediación y la flexibilización permitirán reducir la informalidad y modernizar relaciones laborales que consideran anacrónicas.

El retiro del artículo 44 evidenció que el Gobierno está dispuesto a negociar aspectos sensibles cuando peligran los votos, pero también mostró los límites de su margen político. El oficialismo logró aprobar la reforma, aunque en un contexto de alta conflictividad social y con advertencias de que la norma enfrentará desafíos judiciales.

En definitiva, la votación no sólo redefinió reglas laborales sino que volvió a escenificar el choque de proyectos sobre el rol del Estado, la protección del empleo y la distribución del poder en el mundo del trabajo. La aprobación marca un triunfo legislativo para el Gobierno, pero abre una nueva etapa de disputa política, sindical y judicial en torno a su implementación.