Causa fentanilo: en el laboratorio Ramallo sabían de la contaminación
La confirmación de que el Laboratorio Ramallo tenía conocimiento de la contaminación bacteriológica en el fentanilo, pero decidió continuar con su fabricación y venta, transformando la causa de las 173 muertes de una tragedia sanitaria en un crimen corporativo que priorizó el lucro sobre la vida.
La declaración de un testigo clave ante el juez Ernesto Kreplak destapa una cadena de negligencia y falsificación sistemática orquestada «desde arriba», señalando directamente a los accionistas de la firma del empresario Ariel García Furfaro. Según consignó la Agencia NA, el punto más alarmante de la testimonial no es solo la continuidad de la producción a pesar del riesgo fatal, sino la maniobra de ocultamiento de pruebas ante la autoridad regulatoria.
El testigo reveló que antes de las inspecciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ), se procedía a la desaparición de los «cuadernos donde se anotaban los resultados microbiológicos positivos» en los laboratorios Ramallo y HLB Pharma.
Esto sugiere una planificación deliberada para frustrar la fiscalización, lo que constituye un grave atentado contra la salud pública y pone en tela de juicio la efectividad de los mecanismos de control.
El fatal vínculo confirmado y la magnitud del retiro
Este nuevo avance judicial cobra una dimensión aún más crítica al contrastarse con los últimos informes periodísticos. Una actualización del Cuerpo Médico Forense determinó que el opioide contaminado fue el factor determinante en el desenlace fatal de 38 de las 40 muestras analizadas recientemente.
Este dato oficial confirma de manera contundente la letalidad del producto adulterado y fortalece la imputación por la negligencia fatal.
La recuperación de más de 82 mil ampollas del fentanilo alterado, lograda tras allanamientos en varias provincias, si bien es una medida crucial para contener la crisis, subraya la gigantesca magnitud de la distribución que tuvo el producto contaminado antes de que se detonara la alerta.
La causa ya no investiga solo un error puntual en la producción, sino una conducta empresarial dolosa y una violación a las leyes que rigen la seguridad de los medicamentos esenciales. La sociedad exige que la investigación se centre ahora no solo en los empleados que ejecutaron las órdenes, sino en los accionistas que las impartieron, para establecer la responsabilidad penal por cada una de las muertes.
