Causa Cuadernos: Casación apartó a la UIF del juicio por lavado vinculado a Daniel Muñoz y abrió una nueva disputa judicial
En términos políticos, el fallo representa un retroceso para la estrategia oficial de sostener la presencia del Estado en los juicios más emblemáticos de la última década, mientras el caso Cuadernos sigue siendo un símbolo de las causas de corrupción que definieron la era kirchnerista y sus consecuencias judiciales aún abiertas.
La Cámara Federal de Casación Penal asestó un golpe a la Unidad de Información Financiera (UIF) al resolver su apartamiento como querellante en el tramo del expediente que investiga el presunto lavado de dinero del exsecretario presidencial Daniel Muñoz, considerado uno de los capítulos más sensibles de la Causa Cuadernos.
La decisión fue adoptada por la Sala III del tribunal, que entendió que el organismo antilavado no debía mantener su rol de parte acusadora en este proceso.
El fallo genera una fuerte controversia institucional, ya que contradice lo decidido días atrás por la Sala I de la misma Cámara, que había ratificado la legitimidad de la UIF como querellante en el expediente principal de Cuadernos. En aquel caso, Casación había rechazado un recurso de las defensas y convalidado la intervención del organismo dependiente del Ministerio de Economía.
La resolución ahora deja a la UIF fuera del tramo elevado a juicio oral que investiga cómo los fondos ilícitos detectados en la causa Cuadernos fueron presuntamente canalizados a través de empresas offshore, cuentas bancarias en el exterior y compra de propiedades, en una maniobra atribuida a Muñoz y a su entorno cercano.
Frente a este revés judicial, la UIF adelantó que presentará un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia, con el fin de recuperar su participación en la causa. El planteo será clave, ya que el fallo de Casación no solo tiene impacto en la estrategia de acusación, sino que también puede sentar un precedente sobre el alcance institucional del organismo en los juicios por lavado de activos derivados de hechos de corrupción.
La decisión ocurre en un contexto de tensión entre el Poder Judicial y el Gobierno, marcado por las preocupaciones de las cámaras federales ante los recortes presupuestarios al sistema judicial. En este marco, la exclusión de la UIF se interpreta como un signo más de las disputas internas sobre los límites del poder punitivo del Estado y el rol de los organismos administrativos en la persecución penal de la corrupción.
