Cárcel de Ezeiza: diputados libertarios visitaron a Alfredo Astiz y a un grupo de represores genocidas
En un hecho que causó rechazo generalizado, un grupo de diputados del bloque de La Libertad Avanza se reunió el pasado jueves 11 de julio con genocidas condenados por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza. Entre los represores presentes se encontraban Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti y Adolfo Donda, entre otros.
La reunión fue organizada por el diputado entrerriano Beltrán Benedit, y contó con la participación de Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo. Según la versión oficial ofrecida por Benedit, la visita tenía como propósito encontrarse con excombatientes de la guerra de Malvinas.
Sin embargo, se reveló que el verdadero objetivo del encuentro era discutir estrategias para obtener la prisión domiciliaria para los genocidas, una solicitud que ha sido rechazada por la justicia debido a que se trata de condenados a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad.
Además de Astiz y Guglielminetti, los genocidas presentes en el encuentro incluyeron a Antonio Pernías, Gerardo Arráez, el «Pájaro» Martínez Ruíz, Agustín Oyarzábal Navarro, Juan Manuel Cordero, Mario «el Cura» Marcote y Miguel Angel Britos. Se ha filtrado que durante la reunión se tomó una fotografía que aún no ha sido divulgada públicamente.
La noticia provocó una fuerte crisis interna dentro del bloque oficialista. Mientras algunos sectores afirman que los diputados actuaron de manera autónoma, sin el conocimiento ni la aprobación de las autoridades del partido, otros sostienen que la reunión habría sido organizada con el consentimiento o incluso a instancias de la vicepresidenta Victoria Villarruel, conocida por su estrecha relación con los represores.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, convocará a una reunión con todos los bloques de La Libertad Avanza este jueves, donde se espera que el encuentro sea «acalorado» debido a las repercusiones políticas y sociales que ha generado este escándalo. La situación ha intensificado el debate sobre la postura del oficialismo frente a los derechos humanos y la justicia para las víctimas de la última dictadura cívico-militar.
