Caputo negó gestiones por un rescate con bancos de EEUU y acusó una operación de confusión
Más allá de los desmentidos, el hecho de que la discusión pública oscile entre un rescate millonario y un repo de corto alcance muestra la fragilidad del escenario financiero y la dificultad para articular un mensaje coherente hacia los mercados.
El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Gobierno “nunca” negoció un rescate financiero de 20.000 millones de dólares con grandes bancos de Estados Unidos, desmintiendo así la versión publicada por The Wall Street Journal.
Según el funcionario, la información forma parte de una “operación” destinada a generar confusión, aunque evitó precisar quiénes serían los responsables de esa maniobra ni por qué habría interés en distorsionar la estrategia financiera oficial.
La desmentida llegó después de que el diario estadounidense informara que JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup habían descartado la posibilidad de un préstamo masivo y que solo quedaba en pie la negociación de un financiamiento mucho más acotado, cercano a los 5.000 millones de dólares. El artículo señalaba que el proyecto inicial había perdido impulso debido a la falta de definiciones del Departamento del Tesoro estadounidense respecto de las garantías que los bancos podrían exigir para cubrirse ante eventuales pérdidas.
En su respuesta, Caputo sostuvo que nunca existió una negociación por un monto de ese tamaño, lo que abre interrogantes sobre la consistencia de la estrategia de comunicación económica del Gobierno. Si, como afirma, no hubo conversaciones por un rescate, la información difundida en medios internacionales exhibe al menos una llamativa falta de coordinación entre las señales que emite la administración argentina y las percepciones que circulan en el sistema financiero global.
Mientras tanto, los bancos habrían reorientado su interés hacia un esquema mucho más limitado: un repo por aproximadamente 5.000 millones de dólares. Esta alternativa implica entregar activos financieros como garantía a cambio de liquidez inmediata, un instrumento clásico pero que suele utilizarse como solución transitoria, no como estrategia estructural de financiamiento. Su objetivo principal sería cubrir una obligación cercana a los 4.000 millones de dólares que vence en enero, un recordatorio de las presiones de corto plazo que enfrenta la administración en materia de deuda.
El episodio deja al descubierto un problema recurrente: la brecha entre las expectativas generadas por el propio Gobierno y la realidad de su capacidad de acceso al crédito internacional.
