Caputo limita el recupero de IVA y concentra beneficios en energía y transporte, mientras el resto de los sectores queda relegado
En un contexto de recortes en educación, salud y transferencias a las provincias, el sesgo en la asignación de beneficios tributarios no solo expone la lógica política del ajuste, sino que también anticipa tensiones con otros sectores productivos que ven cómo la promesa de “reglas iguales para todos” se convierte, una vez más, en un sistema de privilegios para pocos.
El Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, fijó un tope anual de $26.500 millones para el régimen de recupero de saldos fiscales acumulados por empresas, con el objetivo declarado de sostener el superávit fiscal.
La medida, publicada en la Resolución 1353/2025 del Boletín Oficial, genera polémica por la distribución de esos fondos: casi la totalidad se destinará a compañías de energía y transporte, dejando apenas un margen residual para otros sectores.
Según la resolución, el 92% de los recursos ($24.500 millones) se asignará al sector energético, mientras que $1.800 millones irán a transporte y solo $200 millones se repartirán entre el resto de las actividades. En la práctica, la norma privilegia a las empresas de servicios públicos que, por recibir subsidios estatales y compensaciones tarifarias, no pueden trasladar completamente el IVA a los usuarios y acumulan saldos fiscales a favor.
El régimen de recupero abarca créditos fiscales originados en la compra de bienes y servicios destinados a la actividad, y aplica tanto a operaciones de 2024 como a créditos pendientes entre 2018 y 2023. En teoría, se trata de un mecanismo de alivio contable para empresas afectadas por el esquema de subsidios. En la práctica, sin embargo, la decisión de Caputo consolida un esquema de beneficios concentrados en sectores estratégicos, mientras otros rubros productivos quedan prácticamente excluidos.
La medida revela una contradicción en el discurso oficial. Por un lado, el gobierno insiste en la necesidad de reducir subsidios al transporte y la energía como ancla del ajuste fiscal. Por otro, reconoce de manera indirecta la dependencia estructural de estas empresas, asegurando que dispongan de un canal para recuperar impuestos y sostener su operatoria. El resto de la economía —industrias, servicios y actividades sin subsidios directos— recibe apenas un 0,7% del total, un reparto que desnuda prioridades y deja expuesto el sesgo hacia los sectores con mayor peso en la macroeconomía y en la estabilidad política.
El límite de $26.500 millones se justifica en “las condiciones generales de los ingresos presupuestarios”, pero al fijar un techo tan bajo y al concentrar los recursos en dos áreas específicas, la medida plantea un interrogante mayor: ¿se trata de una estrategia de orden fiscal o de un salvataje selectivo a los sectores más sensibles para la gobernabilidad?
