Caputo advirtió a senadores y profundiza la lógica de “gobierno contra todos”: el ajuste como dogma innegociable

La advertencia, dirigida a los senadores que aprobaron el aumento de las jubilaciones y la prórroga de la moratoria previsional, no es solo una declaración técnica: es una afirmación ideológica que expone el rumbo inflexible del gobierno, aun a costa de tensionar los márgenes democráticos y desoír las urgencias sociales.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, salió con fuerza a marcar la línea roja del gobierno de Javier Milei: el equilibrio fiscal no se negocia, incluso si eso implica vetar leyes con amplio consenso parlamentario o judicializar sesiones del Congreso.

«Todo está más que claro de cara a octubre», escribió Caputo en X, dejando entrever que el gobierno interpreta el conflicto institucional no como una disputa de políticas públicas, sino como una batalla electoral. La lógica es clara y peligrosa: quien se opone al ajuste, quiere que vuelva la inflación; quien vota por un alivio a los jubilados, busca desestabilizar. En ese marco, no hay espacio para el debate, solo para la obediencia.

El equilibrio fiscal como dogma y excusa

La frase repetida —“el equilibrio fiscal no se negocia”— ha sido elevada a mantra por todo el elenco presidencial. El vocero Manuel Adorni, la senadora libertaria Florencia Arietto y el propio presidente Javier Milei la reiteran como si fuese una fórmula sagrada. Pero lo que está en juego no es el equilibrio en sí, sino el uso político y excluyente de ese principio como única guía de gobierno, incluso frente a las consecuencias sociales devastadoras de un ajuste sin amortiguadores.

El proyecto aprobado en el Senado propone una recomposición del 7,2 % en las jubilaciones y la continuidad de una moratoria que permitiría a más de 200 mil personas acceder a un haber mínimo. No se trata de medidas desbordadas ni populistas: son herramientas para enfrentar el deterioro acelerado del ingreso en uno de los sectores más castigados por la inflación acumulada desde 2023. Y, según sus impulsores, tienen fuente de financiamiento propia. Aun así, para el gobierno, todo lo que no encaje en la lógica del déficit cero es anatema.

Vetos, judicialización y concentración del poder

El presidente Milei ya advirtió que vetará cualquier norma que altere su hoja de ruta económica. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue más allá y anunció que el Ejecutivo podría judicializar la sesión que dio lugar a las votaciones, alegando irregularidades. La jugada es doble: por un lado, el veto expresa el poder presidencial; por el otro, la judicialización busca deslegitimar la autonomía del Congreso. En ambos casos, se trata de blindar el ajuste como política de Estado, incluso por fuera de las reglas institucionales.

Esta deriva concentra peligros: un Ejecutivo que desprecia las mayorías legislativas, desacredita a sus propios aliados (como la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien Milei llamó “traidora”) y judicializa las decisiones del Congreso está desdibujando los equilibrios propios del sistema republicano. El gobierno no negocia el déficit, pero sí el funcionamiento democrático.

¿Qué se esconde detrás del “pueblo que banca”?

Los voceros libertarios insisten en que el pueblo respalda el ajuste porque «valora la baja de la inflación». Sin embargo, los indicadores sociales revelan otro escenario: caída del consumo, aumento de la pobreza, parálisis del mercado interno y un creciente malestar en amplios sectores de la sociedad. Aun así, el gobierno parece convencido de que el equilibrio fiscal —por sí solo— garantiza la prosperidad futura, y que todo intento por contener el daño actual es una amenaza.

La construcción de enemigos —senadores, gobernadores, opositores, incluso aliados internos— es parte esencial del relato. Así, cualquier actor que cuestione el rumbo económico es tachado de «corporación política», «casta» o directamente «desestabilizador». Esta narrativa permite blindar el ajuste, incluso cuando sus efectos ya son evidentes en los sectores más vulnerables.

Una política pública sin política

La estrategia oficial de vetar leyes aprobadas por amplias mayorías, judicializar sesiones y acusar a quienes disienten de “romper el país” revela un gobierno que no negocia porque no gobierna con otros, sino contra otros. La exaltación del equilibrio fiscal como valor absoluto borra la dimensión política del Estado: no hay margen para equilibrar derechos, discutir prioridades o acordar caminos.

El problema no es que el gobierno quiera ordenar las cuentas públicas. El problema es que pretende hacerlo a costa de la democracia deliberativa, del Congreso, de los jubilados, de las provincias, de los que no entran en la lógica binaria del “todo o nada”.

Y si el equilibrio fiscal es innegociable, cabe preguntarse: ¿qué lugar queda para la justicia social, el federalismo o incluso el respeto institucional? Si todo se subordina a un Excel, ¿quién responde por las consecuencias humanas de las políticas públicas?

Lo que está en juego ya no es solo una fórmula de ajuste, sino el tipo de país que se está construyendo: uno donde los números cierran, pero la democracia se abre cada vez menos.